La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) expresa su profunda indignación y denuncia públicamente que dos de los cuatro fiscales de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado han sido removidos de sus puestos. Los fiscales removidos son Jorge Flores de la Fiscalía 1; y Silvana Sandoval, de la Fiscalía 2. 

Asfadec aclara que no busca el retorno del fiscal Flores ni de la fiscal Sandoval, que estuvieron a cargo de la investigación de cerca de 300 casos de personas desaparecidas, ni tampoco busca incidir en las decisiones de la Fiscalía en torno a su trabajo administrativo. No obstante, consideramos que la rotación de los fiscales afecta nuestro derecho a verdad y justicia, dilata la investigación de los casos, hecho que ha sido denunciado desde el 2012 y que el Estado reconoció que este accionar violenta nuestros derechos e incluso en el 2013 pidió disculpas a las familias por la rotación de fiscales. Además, el disminuir la cantidad de fiscales que conocen los casos y no reemplazarlos de forma inmediata, causa un efecto gravísimo a la investigación de los casos de personas desaparecidas antiguos y los casos que lastimosamente vendrán.

Recordamos que a inicios de este año, el 28 de enero del 2020, se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, en el cuál se establece en el Art. 17 que las Unidades Especializadas en Investigación de Personas Desaparecidas “deberán contar con los recursos humanos, financieros, materiales, técnicos y tecnológicos especializados que les permitan desarrollar sus actividades adecuadamente.

Los cambios de fiscales demuestran que las autoridades del Estado no toman en serio la problemática de la desaparición de personas en Ecuador – dice Isabel Cabrera, presidenta de Asfadec –. Las autoridades se burlan de nuestro dolor,  no puede ser posible que se continúe dando esta situación de cambios de fiscales hasta ahora”.

Luis Daniel Sigcho desapareció el 4 de octubre de 2008, en el sector de San Rafael, en la provincia de Pichincha. Han pasado 12 años y el proceso continúa en investigación previa. Ocho fiscales han conocido el caso. Las últimas fiscales fueron Claudia Romero, que estuvo un mes, y Silvana Sandoval. “Antes de que inicie la pandemia fui a la Fiscalía –dice Luis Sigcho, padre de Luis Daniel- y la doctora Sandoval que estaba cuatro meses en el caso, me dijo que no había leído el expediente de mi hijo porque estaba en otro caso. Con la pandemia se ha quedado olvidado mi hijo”.

En el despacho de la fiscal Sandoval también se encontraba el caso de Leonor Ramírez, desaparecida desde el 29 de abril de 2011, en el centro histórico de Quito. Isabel Cabrera denuncia que por su caso han pasado siete fiscales y esto afecta el proceso que se encuentra en investigación previa.

 El cambio de fiscal significa volver nuevamente al inicio, los fiscales deben empezar a leer el caso desde la hoja cero, en un expediente de 29 cuerpos, es decir, 2900 hojas que tienen varios perjuicios tales como la dilación de la investigación, las diligencias repetitivas, la revictimización a los familiares, entre otros.

Pilar Tobar, hermana de Camilo Tobar desaparecido en 2012

Otro de los fiscales removidos es Jorge Flores que se encontraba a cargo de la investigación de Carolina Garzón, desaparecida el 28 de abril de 2012; y Camilo Tobar, visto por última vez el 17 de abril de 2012. Este fiscal dirigía la Unidad de Personas Desaparecidas pese a que enfrentaba quejas en el Consejo de la Judicatura interpuestas por familiares de personas desaparecidas por su falta de investigación en los casos.

Pilar Tobar, hermana de Camilo, dice que pidió a la Fiscalía General que hiciera acompañamiento al caso porque pese a las denuncias contra Flores, el caso nuevamente recayó en su despacho. “La primera vez Flores tuvo un comportamiento pésimo que nos llevó a poner una queja en el Consejo de la Judicatura –dice Pilar Tobar- por eso  el pedido en la Fiscalía permitió que  Andrea Álvarez Morquecho, directora de Acceso Efectivo a la Justicia, Protección y Reparación Integral, liderara el equipo de lectura del expediente de mi hermano y se retomarán las reuniones de trabajo, aunque estas se vieron afectadas no solo por la pandemia, sino antes ya la investigación se encontraban paralizadas por falta de personal. El 6 de junio de este año se retomaron las diligencias y un mes después nos informan que nuevamente se ha cambiado el fiscal”.

Camilo Tobar lleva ocho años desaparecido y el caso aún se encuentra en investigación previa. Nueve fiscales han conocido la causa.  Para Pilar Tobar, el cambio de fiscal significa volver nuevamente al inicio, los fiscales deben empezar a leer el caso desde la hoja cero, en un  expediente de 29 cuerpos, es decir 2900 hojas, que tienen varios perjuicios tales como la dilación de la investigación, las diligencias repetitivas, la revictimización a los familiares, entre otros.

Más de 98 expedientes registra el caso de Carolina Garzón Ardila desaparecida el 28 de abril de 2012, en la ciudad de Quito, es decir, 9800 hojas tendrá que leer el nuevo fiscal que conozca el caso. El proceso de investigación de Carolina también se encontraba en el despacho del fiscal Jorge Flores.

Para Alix Ardila, madre de Carolina Garzón, este cambio de fiscal, “es indignante porque siguen tratando los casos de personas desaparecidas como si fueran solo números, objetos o autos perdidos”. Esta es la realidad, así las autoridades encargadas digan que ya no se tratan como meros actos administrativos. Ella recuerda que hace un año solicitó el cambio de fiscal Flores por la falta de investigación en el caso, pero no obtuvo respuestas. Ahora el cambio lo hacen sin aviso previo y por personal que tampoco está capacitado.

El Ministerio de Gobierno registra que de enero a mayo de 2020 se reportaron  2187 denuncias de desapariciones, de ellas 100 casos se encuentran en investigación, es decir, que 20 personas desaparecen involuntariamente cada mes.

Desde 1994, María Eugenia Bassantes busca a su hijo, Alexander Romo desaparecido el 6 de noviembre de 1994, cuando se encontraba jugando en el exterminal Cumandá en la ciudad de Quito. El caso de su hijo también se encontraba en el despacho del fiscal Flores. El caso se encuentra también en investigación previa.  Ayer, 7 de julio de 2020, Alexander cumplió 28 años de edad. “Querido hijo – dice María Eugenia- quiero que sepas que yo nunca te abandone, te arrebataron de mi lado y desde aquel día no he parado de buscarte, de gritar tu nombre, mi única ilusión es encontrarte”.

Uno de los dos fiscales que reemplazarán a los fiscales removidos vienen de la Unidad de Tránsito. Preguntamos a la Fiscalía General del Estado ¿Cuáles son los criterios técnicos para la selección del personal que se encargará de los casos de personas desaparecidas? ¿Dónde queda la capacitación a los fiscales si se continúa removiendo cada año al personal de la Fiscalía? ¿Cómo Fiscalía garantizará que el cambio de fiscal no genere nuevos procesos de revictimización a las familias que llevamos años exigiendo verdad y justicia, derechos garantizados en la Constitución y en instrumentos internacionales que ha suscrito el Ecuador?

La desaparición en Ecuador sigue siendo un problema latente que no se ha resuelto y que empeora cuando existen este tipo de decisiones administrativas. El mismo Ministerio de Gobierno registra que de enero a mayo de 2020 se reportaron  2187 denuncias de desapariciones, de ellas 100 casos se encuentran en investigación, es decir, que 20 personas desaparecen involuntariamente cada mes.

Las y los desaparecidas no son cifras frías, son personas con sueños, miedos, metas y proyectos vidas truncadas no solo por las personas que los desaparecen, sino también por un Estado que no garantiza su derecho a la vida, a la integridad, a la verdad y  a la justicia.  Por amor a nuestros seres queridos desaparecidos y para que ninguna familia más viva lo que nosotros vivimos, seguiremos denunciando y exigiendo a este Estado indolente e ineficiente en su accionar.

Foto de portada: Plantón en los exteriores de la Fiscalía General del Estado al cumplirse 8 años de la desaparición de Juliana Campoverde. Foto: Contrapique

Atentamente:

Isabel Cabrera

Presidenta de Asfadec

Contacto de prensa:

Lidia Rueda, secretaria de Asfadec 0996501228