¿Qué pasa cuando la institución encargada de proteger a una niña desaparecida se convierte en su agresor? Este análisis examina las fallas estructurales del sistema de denuncia de desapariciones en Ecuador y un caso que pone en cuestión la legitimidad de las instituciones llamadas a proteger a la infancia.

Un trabajo académico de la Universidad de Cuenca, elaborado por Emmanuel Illescas en el marco de prácticas laborales con ASFADEC, analiza las limitaciones del formulario de denuncia de la Policía Nacional (DINASED) y un caso de violencia institucional contra una adolescente previamente desaparecida.

Hallazgos principales:

  • El formulario de denuncia DINASED carece de variables de género, identidad, etnia, discapacidad o situación socioeconómica, lo que impide identificar patrones de vulnerabilidad diferenciados.
  • La plataforma opera principalmente en línea, generando barreras de acceso para familias rurales, con baja alfabetización digital o sin internet, profundizando las desigualdades ya existentes.
  • Las desapariciones se concentran en sectores populares, periferias urbanas y zonas fronterizas, donde la presencia estatal es mínima y los tiempos de respuesta son mayores.
  • Un agente de la DINASED fue procesado por la presunta violación de una adolescente que él mismo había participado en rescatar, evidenciando una grave falla en los mecanismos de supervisión y protección postrescate.

Conclusiones:

  • La ausencia de enfoque de género e interseccionalidad en el formulario DINASED empobrece la calidad de los datos estatales e impide diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
  • El caso del agente procesado no es una desviación individual, sino la expresión de fallas estructurales en una institución históricamente masculinizada y con débiles controles internos.
  • El rescate de una persona desaparecida no puede ser el fin del proceso: se requiere un acompañamiento psicosocial y jurídico integral para evitar la revictimización.
  • El informe recomienda reformas estructurales que incorporen variables interseccionales en los registros oficiales y garanticen transparencia y rendición de cuentas ciudadana.
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