Desaparecidos: cuarta reunión presidencial sin resultados

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Quito, 7 de noviembre de 2015.
COMUNICADO PÚBLICO
Cada
seis, siete o nueves meses se realiza la reunión, que debería ser
semestral, con el presidente Rafael Correa y otros funcionarios del
Estado.El objetivo: analizar los avances de las investigaciones de
aproximadamente 95 casos de
personas desaparecidas en el país. Sin
embargo, esto no se cumple en su totalidad, durante las tres últimas
reuniones cuando varios de nosotros y nosotras preguntamos cómo va
la investigación nos dicen: “La
investigación está por buen camino y es reservada”; de
esa forma y amparándose indebidamente en el criterio de la reserva
se nos impide conocer del estado actual de los casos. A estos efectos
nos parece necesario reiterar que la reserva no será
en perjuicio del derecho de las víctimas, de las personas a las
cuales se investiga y de sus abogados ya que tenemos derecho a tener
acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando
lo solicitemos.

Es
necesario también aclarar que sobre los Actos Administrativos; que
no están reglamentados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)
ni en ningún otro cuerpo legal. No existe referencia alguna a la
reserva de su contenido.

¿Cómo
entonces nos pueden decir que la investigación avanza cuando
nuestros hijos, hijas, hermanas, madres… aún están desaparecidas
y no hay pista alguna sobre su paradero? ¿Cómo nos pueden decir que
la información es reservada cuando nosotros somos los familiares
directos y tenemos derecho de conocer todo el proceso?

“El
derecho a la verdad está estrechamente relacionado con el deber del
Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, y con su
obligación de realizar investigaciones eficaces, así como de
garantizar recursos efectivos y reparación.1
La
investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico
propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que
dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin
que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.

Este
pasado 13 de octubre durante la cuarta reunión presidencial e
interministerial, además de la negativa a darnos información clara
y precisa de nuestros casos el formato de la cita se repitió.

Las
autoridades dijeron que:

1.
“Se han dado algunos grandes avances, por ejemplo, se decidió la
imprescriptibilidad (…) o sea pasaba un tiempo, no se resolvía el
caso y se lo archivaban, y el caso no puede ser archivado hasta que
se resuelva y saber con certeza qué pasó con la persona
desaparecida”, aseveró el presidente Rafael Correa. Así lo
registra la Agencia Andes http://bit.ly/1RCJKhM

2.
“Se ha detectado una ausencia de base de datos nacional, vínculos
de unidad de información especializada, todo eso se ha avanzado”,
dijo Correa. Así lo publica Ecuador Inmediato http://bit.ly/1WFOzIm

3.
“Las
principales medidas para continuar con la política de apoyo a los
familiares de desaparecidos, consta la contratación de antropólogos
forenses de Venezuela y Colombia. Ellos fortalecerán el trabajo de
la Dinased y Fiscalía”, señaló Ledy Zúñiga, ministra de
Justicia y Derechos Humanos, en diario El Telégrafo
http://bit.ly/1A0EHhg

4.
Sistema
de Recompensa 1800 Delito se difunde de forma programa de cada una de
las personas desaparecidas, dijo José Serrano, ministro del
Interior.
5.
“Jamás vamos a politizar estas reuniones, pero si alguien intenta
politizarlas de todas maneras seguiremos adelante porque entendemos
el dolor de los familiares (…) tal vez la responsabilidad del
Estado es que no había puesto toda la institucionalidad y los
recursos necesarios, y por eso en buena hora estas reuniones y se
descubrieron tantas falencias, en eso no acabaré de pedirles
disculpas, pero estamos avanzando”, enfatizó el Presidente, en
Agencia Andes http://bit.ly/1RCJKhM

6.
En relación a la defensora de derechos humanos y abogada Lina María
Espinosa, durante la reunión de 13 de octubre de 2015, en al menos
cuatro oportunidades el presidente Correa señaló que esta
profesional ha participado de las marchas convocadas por la CONAIE el
pasado mes de Agosto y que por ello la Abg. Espinosa seria miembro
del partido político Pachakutik y tendría el interés de politizar
el proceso de personas desaparecidas; indicando a los familiares que
deberían “cuidarse de ese tipo de personas que tienen otros
intereses, no están del lado de las victimas sino intentando hacer
politiquería”, mencionando que ha actuado de mala fe y que se
debería investigar su accionar.

 

Frente
a estos seis puntos señalamos que:

  1. En Enlace Ciudadano número
    352 realizado en la ciudad de Esmeralda, 14 de diciembre de 2013, el
    presidente Correa dijo: “…decidimos,
    en ese instante, incluir en el Código Penal o tipificar la
    desaparición de personas como un delito y será imprescriptible    ”;
    sin embargo, esa imprescriptibilidad sin la existencia de mecanismos
    especializados, idóneos y eficaces para la investigación y sanción
    de los responsables es un simple formalismo que genera que los
    expedientes administrativos queden abiertos por décadas y que el
    acceso a verdad y justicia no se materialice. 
    Así,
    el tratamiento de la desaparición involuntaria como una actuación
    administrativa que de ningún modo puede considerarse como un recurso
    idóneo ni efectivo, ya que no da un tratamiento adecuado al complejo
    fenómeno de desaparición de personas ni permite llegar al resultado
    de acceso a la justicia y verdad para las víctimas. No obstante,
    los familiares de personas desaparecidas no cuentan con otra
    alternativa que impulsar los procesos en esas condicione, pues es la
    única vía disponible.

  1. Una vez más denunciamos
    que la Base de Datos Nacional que debe contener y cruzar información
    de casas de salud, hospitales, morgues, terminales, centros de
    detención, refugios, albergues;
    en cuya construcción y supervisión debemos participar las
    organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos: no
    existe.

“Por
cuatro años hemos solicitado la búsqueda de mi hermano Orlando
Pacheco en albergues,
centros de acogida, clínicas, hospitales, centros de adicciones y de
desintoxicación, centros psiquiátricos, públicos y privados con
su fotografía. Sin embargo, pudo haber sido ingresado como NN y
no con sus datos de identificación. De darse esa situación ¿Cómo
encontrarlo?. A la fecha sigo esperando se pueda cumplir con esta
diligencia. Tampoco ha sido posible conocer en cuantos cementerios de
áreas urbanas y rurales y en morgues a nivel nacional se han
ingresado y enterrado hombres NN de 30 años de edad,
aproximadamente, que hayan fallecido desde noviembre de 2011 a la
fecha.Esto ocurre porque a nivel nacional no contamos con esta
información debidamente sistematizada ni existe una base de datos
que dé cuenta de esta información.

Esta
falta de información también se registra a la fecha. En este año
se ha publicado varios casos de personas desaparecidas que fueron
hallas en la morgue luego de meses y años de desaparición.

–
Cadáver
de joven desaparecida fue hallado en la morgue de la U. Estatal de
Guayaquil: http://bit.ly/1MgIWvc

–
Cuerpo de desaparecido fue hallado en morgue de Universidad en Quito:
http://bit.ly/1RCPdVN

–
Una familia del sur halló en la morgue a su pariente desaparecido
hace un mes: http://bit.ly/1Md5Tzk

3.
Pese
a la creación de
la Dinased y la Unidad de Personas Desaparecidas aún los agentes y
fiscales carecen de una capacitación adecuada para resolver los
casos de desapariciones. En el país tampoco existen peritos, por
ello en varias ocasiones las experticias se han enviado al
extranjero. Ante esta falta de expertos, la ministra Ledy Zúñiga
dijo, en la tercera reunión presidencial (5 de marzo), “…el
Gobierno se comprometió a intentar resolver los casos con ayuda de
expertos internacionales. Esa asistencia internacional será de
antropólogos forenses de Colombia y de Venezuela para fortalecer las
investigaciones que ya están en proceso”. De igual forma el
defensor Público, Ernesto Pazmiño, dijo: “…solicitar asistencia
de la policía de Londres, la Scotland Yard, para continuar con las
operaciones de búsqueda de los desaparecidos”. Así lo registra
diario El Universo bajo el titular: Expertos internacionales
resolverán casos de desaparecidos en Ecuador: http://bit.ly/1wMFirk

Este
ofrecimiento a la fecha no se han cumplido y peor aún en la cuarta
reunión presidencial, la ministra de Justicia lo vuelvan anunciar
como un compromiso. Así lo registra el diario El Telégrafo bajo el
titular: Presidente Correa se reúne con familiares de desaparecidos:
http://bit.ly/1A0EHhg

Esto
nuevamente evidencia que no hay garantías para el cumplimento
estatal del
“(…)deber
de investigar como una obligación de medio y no de resultado,
que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y
no como una simple formalidad condenada de antemano a ser
infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que
dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios . La
obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente
para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a
repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad
fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos.”2

4.
La entrega de información
clara y detallada sobre el funcionamiento, alcance y logros del
Sistema de Recompensas y su campaña de difusión y de la línea
telefónica 1800 es otro compromiso pendiente; a la fecha y pese a
reiteradas solicitudes escritas y verbales realizada por varios
familiares ni el Ministerio del Interior ni la Secretaría
Nacional de Comunicación (Secom)
dan respuesta alguna.

5. Sobre nuestro derecho
a la asociación y a la libertad de expresión nuevamente
manifestamos nuestra preocupación ante la insistencia del
presidente Rafael Correa cando indica que pese que los familiares
pueden asociarse, salir
a las calles, hacer plantones y marchas esto no resuelve nada y por
el contrario es politizar un tema delicado.
A este respecto le recordamos que quienes participamos de marchas o
plantones lo hacemos de manera voluntaria y por la firme convicción
de que visibilizar a nuestros familiares es una alternativa válida
para ayudar a encontrarlos; que nuestra lucha es legítima y nace del
amor por encontrar a nuestros seres queridos. Por lo tanto, los
funcionarios públicos y demás personas que tachan nuestra lucha de
politequera y partidista vulneran nuestros derechos.

Que el
derecho a pertenecer a una asociación u organización de forma libre
esta reconocido por la Constitución en el Art. 66 y por diferentes
instrumentos internacionales de derechos humanos y en ese sentido el
deber del Estado es la promoción y protección de las asociaciones
cuando sus objetivos y pretensiones son legítimas.

Por ello,
ratificamos nuestro derecho a organizarnos en la Asociación de
Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador- Asfadec;
así como ratificamos los objetivos, misión y visión que de manera
legítima perseguimos y defendemos. Estamos plenamente convencidos
que la unidad, el trabajo en equipo y la búsqueda colectiva de
nuestros familiares desaparecidos es un recurso idóneo y adecuado
para encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos en el país,
ya que pese algunas medidas adoptadas por el Estado, estas aún se
muestran insuficientes. Nuestros hijos, hijas, madres, padres,
hermanos, amigas… siguen desaparecidos.

6. En referencia
a los graves e infundados señalamientos
contra la defensora de
Derechos Humanos y abo gada, Lina María Espinosa
Villegas, denunciamos que además de generar una grave
estigmatización en su contra son un atentado contra su intimidad e
integridad.
La abogada y defensora de
derechos humanos ha
colaborado activamente con la Asociación desde el año 2012. Ha
realizado acciones de denuncia ante instancias públicas y medios de
comunicación sobre los graves obstáculos
y violaciones de derechos humanos que enfrentamos las/los familiares
de personas desaparecidas en el proceso de conocer del paradero de
nuestros seres queridos y al acceder a justicia;
representa varios casos de personas desaparecidas y en todas y cada
una de sus actuaciones ha obrado con absoluta autorización y
respaldo de los/as familiares pertenecientes a Asfadec.

Es también necesario aclarar
que la abogada nunca y por ningún medio ha intentado que
participemos o desarrollemos acciones de índole partidista. Todas
las actividades que la Abg. Espinosa pueda realizar relativas a su
participación político partidista pertenecen a su más estricta
intimidad y de ninguna manera afectan nuestra legal y legitima lucha. 
En
referencia a la información aportada por la ministra de Justicia,
Ledy Zuñiga, y por dos familiares sobre la existencia de un
contrato entre el Ministerio de Justicia y una profesional del
derecho para el patrocinio de casos de personas desaparecidas
informamos que en efecto existió un contrato
de prestación de servicios profesionales externos entre el
Ministerio y la abogada Lina María Espinosa desde enero de 2015 para
la representación del caso de Carolina Garzón.
Es
necesario aclarar que toda
la gestión para que este contrato con el Ministerio de Justicia se
firme la dio la familia Garzón quien desde el año 2012 le venía
exigiendo al Estado que debería cubrir los honorarios profesionales
de abogados de Carolina y de todos los casos de personas
desaparecidas. Así mismo, la familia Garzón desde el año 2013
solictó que se realizará una reconstrucción de los hechos, en la
que participarán todos las personas que convivían con Carolina al
momento de su desaparición y que viven fuera del país. De manera
particular en agosto del año 2014 cuando el presidente Rafael Correa
se encontraba en Bogotá la familia Garzón volvió a hacerle la
misma exigencia y en esa oportunidad el presidente indico que
cumpliría el compromiso adquirido.

– Mensualmente
la Abg. Espinosa entregó un informe al Ministerio de Justicia
informando del avance y obstáculos en el caso de Carolina Garzón.

– La
familia Garzón por petición del Ministerio de Justicia no hizo
público la firma de dicho contrato; del mismo modo la Abg. Espinosa
guardó la confidencialidad que la familia Garzón le solicitó. El
contrato en mención fue terminado unilateralmente por el Ministerio
de Justicia; a decir del MJDH por incumplimientos por parte de la
mencionada profesional; coincidencialmente la notificación se dio
dos días después de que varios familiares y la Abg. Espinosa
participaran de una rueda de prensa donde
se presentó públicamente el “Informe
alternativo sobre la situación de personas desaparecidas de forma
involuntaria y sus familiares en el Ecuador, 2015 y sus anexos”
que fue enviado al Comité
de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada por los familiares
de las personas desaparecidas y que describe los graves obstáculos y
violaciones de derechos humanos que enfrentan las/los familiares de
personas desaparecidas en el proceso de conocer del paradero de sus
seres queridos y acceder a justicia. (Mire la carta completa aquí)

 

«Una
vez más reiteramos que “la obligación de los Estados de
investigar conductas que afectan los derechos protegidos en la
Convención Americana se mantiene cualquiera sea el agente al cual
pueda eventualmente atribuirse la violación. En el caso de que las
conductas en cuestión sean atribuibles a particulares, de no ser
investigadas con seriedad, comprometerían la responsabilidad
internacional del Estado en carácter de auxiliador”.3

Contacto
de prensa:

Telmo
Pacheco, presidente de Asfadec: 0987704869

Lidia
Rueda, secretaria: 0995601228
———————————————-

1 Estudio
sobre el derecho a la verdad- Informe de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
E/CN.4/2006/91 de enero de 2006, párr. 56

2

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/doc?doc=casos_sentencias/CasoGonzalezMedinaFamiliaresVsRepublicaDominicana_ExcepcionesPreliminaresFondoReparacionCostas.htm
3
Corte
I.D.H., Caso
González y otras («Campo Algodonero») Vs. México.
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo
291. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.
Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párrafo
145; y Caso
Kawas Fernández Vs. Honduras.
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de abril de 2009, Serie
C No. 196,
párrafo
78.

Foto: HijosMéxico