Para Elizabeth Rodríguez la lucha comenzó la mañana del sábado, 7 de julio del 2012, cuando se despidió de su hija, Juliana Lizbeth Campoverde Rodríguez, en la Av. Mariscal Sucre y Av. Ajaví, a la altura de la gasolinera Primax, ubicada en el barrio Biloxi, al sur de Quito. Como cada día, Juliana debía dirigirse a su negocio de productos naturistas en la Av. Ajaví y calle Sozoranga, a ocho cuadras de la gasolinera, por lo que caminaba aproximadamente veinte minutos hasta llegar a su destino.

Elizabeth describe a su hija que tenía 18 años, en ese entonces, como una persona amable, cariñosa y risueña. Siempre pendiente de sus hermanos y sus padres. “En el colegio era muy dedicada, le gustaba mucho la lectura y escritura – relata Elizabeth–. Los domingos que pasábamos en casa nos gustaba cocinar juntas y mirar películas. También le gustaba mucho salir a caminar y montar bicicleta”.

Según explica su madre, Juliana se ilusionó con estudiar música en Argentina. Por tal motivo, su negocio naturista era una forma de generar ingresos mientras completaba los trámites para su viaje. Sin embargo, la manipulación a la que fue sometida por parte del pastor Jonathan Carrillo, de la iglesia evangélica ‘Oasis de Esperanza’, quien se hacía pasar por ‘Juan Solano’ a través de un perfil de Facebook falso (detalle que en ese momento no conocían), le hizo desistir de su viaje. Elizabeth asegura que notó confundida a Juliana cuando le comunicó su decisión de quedarse en el país. Luego de eso, Juliana optó por inscribirse en la Pontificia Universidad Católica para estudiar Ciencias Biológicas y continuar su carrera.

Ese sábado, Juliana no  llegó a su negocio. “Mi esposo me llamó a preguntarme si estaba con ella, porque la había estado esperando para entregarle unas cosas. Fue cuando sentí que mi vida se iba al piso”, afirma Elizabeth. La familia de Juliana llamó a la policía para solicitar ayuda, pero le respondieron que no se preocupara, pues “las chicas suelen irse con sus enamorados y seguramente iba a regresar”. En su interior, Elizabeth sabía que Juliana no se había ido por su cuenta. Al día siguiente, acudió a la Policía Judicial para poner la denuncia, pero las autoridades dijeron que debía esperar hasta el lunes para entrevistarse con la fiscal de turno y recién ahí comenzar las investigaciones. La primera fiscal del caso, Ligia Villacrés, afirmó que Juliana seguramente regresaría en siete u ocho meses, era probable que estuviera embarazada y, totalmente ajena al principio de no propiciar la revictimización, responsabilizó a Elizabeth por haber dejado sola a su hija.

Desde el primer momento, Elizabeth sospechó que Jonathan Carrillo y su familia estaban implicados en la desaparición de July. Ella asegura que lo encontraron cerca del lugar en donde la vieron por última vez, pero Carrillo argumentó que se encontraba en el sitio por casualidad.

Elizabeth y su familia pertenecían a la iglesia ‘Oasis de Esperanza’ desde que Juliana tenía nueve años. July integraba el grupo de jóvenes, a cargo de Jonathan Carrillo. Dos meses antes de la desaparición, la familia abandonó la institución religiosa por  los constantes acosos  hacia Juliana, entre los que se incluían presiones para no abandonar la iglesia, intromisiones a su vida personal y una supuesta “revelación divina” dada a Jonathan Carrillo, en donde Juliana debía casarse con su hermano Israel C.

Pese a las sospechas de Elizabeth y los testimonios que indicaban un “excesivo y enfermizo control por parte de las autoridades de la iglesia ‘Oasis de Esperanza’, los fiscales a cargo del caso entre 2012 y 2017 se negaron a vincular a Carrillo y a su familia.  El argumento: “las personas cristiano evangélicas no hacen ese tipo de cosas”. Incrédula de los argumentos que escuchaba, Elizabeth continuó su lucha para exigir justicia a través de la manifestación en las calles, junto a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec).

Sentencia de 25 años de prisión para Jonathan Carrillo

En noviembre del 2017, la fiscal especializada en Violencia de Género, Mayra Soria, fue designada como investigadora del caso. Según la Fiscalía, la funcionaria realizó 1242 diligencias: entre versiones, allanamientos y reconstrucciones de los hechos para vincular a Jonathan Carrillo como responsable del delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana. Tras siete años de exigencias, el 17 de julio del 2019, la jueza del Tribunal de Garantías Penales, Sara Costales, decretó la culpabilidad del pastor y lo condenó a 25 años de prisión. Jonathan se encuentra detenido en el Centro de Privación de Libertad Regional Cotopaxi desde septiembre del 2018.

Además, el Tribunal dictó varias medidas de reparación para la familia. Por ejemplo, que los miembros de la Iglesia Cuadrangular, a la que pertenecía ‘Oasis de Esperanza’, coloquen una placa en el lugar que Elizabeth vio por última vez a July; el cierre de la Iglesia Oasis de esperanza y la prohibición de utilizar el nombre en otras instituciones religiosas. También incluyó un llamado de atención para los diez fiscales que llevaron el caso antes de Soria, “por su falta de eficiencia en la administración”. Esta última medida causó rechazo en la familia Campoverde Rodríguez que había solicitado la investigación y sanción a los funcionarios que conocieron el caso y no actuaron de forma diligente.

La colocación de la placa también ha generado la oposición de la familia. Elizabeth asegura que los representantes de la iglesia evangélica no cumplieron lo dispuesto por el Tribunal. Es más, este hecho les causa indignación porque se lo realizó sin previo aviso y se colocó una placa haciendo caso omiso al diseño y texto que exige la familia.

Pese a estas medidas de reparación, la sentencia de primera instancia no incluía la principal exigencia: que se retome la búsqueda de Juliana, por esa razón la familia Campoverde Rodríguez, a través de sus abogados, presentó un recurso de apelación al Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha para que “se amplíen los puntos de reparación integral de la sentencia de primera instancia”. Esto con el objetivo de continuar la búsqueda de los restos de Juliana en la quebrada Bellavista donde, según el sentenciado, habría arrojado su cuerpo.

Para Pamela Chiriboga, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada de Elizabeth Rodríguez, la sentencia es importante porque se produjo sin hallar el cuerpo de la víctima. Asimismo, considera fundamental la decisión de la Corte Provincial, debido a que el Ministerio de Gobierno debe disponer a las unidades correspondientes que continúe con la localización y búsqueda de los restos de Juliana.

La abogada señala que la ausencia de mecanismos de cooperación interinstitucional y la falta de capacitación para los funcionarios judiciales. “Los problemas empiezan por ahí – argumenta Chiriboga –. La existencia de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas es un buen paso porque establece la existencia de mecanismos de cooperación que incluye a instituciones como la Fiscalía General, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas​, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), el problema es que no se aplica la ley y no se lleva a la práctica”.

Las acciones de búsqueda no arrojan resultados positivos

Hasta el momento, las búsquedas efectuadas en la quebrada Bellavista no arrojan ningún resultado. Pese a ello, según el protocolo legal, es necesario agotar la búsqueda en la totalidad del lugar para cambiar de sitio. Mientras tanto, Jonathan Carrillo se acoge al derecho al silencio y se niega a revelar el lugar exacto en dónde supuestamente arrojó el cuerpo de Juliana.

Elizabeth es clara en afirmar que ninguna medida o compensación será suficiente para aliviar el dolor que sienten como familia.

“¿Qué garantías brinda el Estado de que esto no volverá a ocurrirle a la hija de alguien más? El dolor que nos causaron fue inmenso. Truncaron los proyectos de mi hija y de toda mi familia. Solo vivo para encontrarla”.

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde

Por otro lado, el no encontrar a su hija le priva de vivir su legítimo derecho al duelo. Ese dolor se transformó en la fortaleza para acudir cada miércoles a la Plaza Grande y exigir justicia no solo para su hija, sino para los miles de personas desaparecidas en el país. Para ella, no existirá justicia mientras no le entreguen a su hija y se tomen decisiones concretas para evitar que un episodio así se repita en la familia de alguien más. Les compartimos un fragmento del poema Como si fuera ayer, escrito por Elizabeth al conmemorarse nueve años de la desaparición de Juliana.

Como si fuera ayer

El 7 de julio del 2012 desaparecieron a mi hija Juliana,
como en un lugar extraño me encontré,
no entendía el idioma, ni las cosas que viví,
peor aún entendía cómo se manejaba la justicia en mi país,
tampoco estaba lista para esa lucha ¿Cómo estarlo?,
para esto, a uno nunca lo prepararon.

Foto principal: Elizabeth Rodríguez exige justicia para su hija.