La falta de patrocinio jurídico en los casos de personas desaparecidas es una constante en esta problemática social. Sus familiares relatan su búsqueda por encontrar acompañamiento jurídico; mientras que la Defensoría Pública ha empezado a patrocinar algunos casos.
Quito, 20 de octubre de 2021-. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) presenta este reporte sobre el patrocinio de casos personas desaparecidas en el país.
El artículo 8 de la Ley de Actuación en casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas publicada en el Registro Oficial en 2020 establece que la obligación del Estado es dar atención oportuna a las víctimas indirectas para que reciban el acompañamiento oportuno y atención necesarios en el ámbito jurídico, psicológico y social durante la investigación, búsqueda y localización de la persona desaparecida o extraviada. En ese sentido es obligación del Estado otorgar acompañamiento jurídico a los casos de personas desaparecidas en el país.
La Defensoría Pública es una de las doce instituciones que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas que tiene como competencia y atribuciones dar asesoría legal y patrocinio. En el artículo 14 de la Ley de la de Defensoría Pública se señala que el patrocinio es obligatorio y gratuito para la defensa de víctimas como el caso de personas desaparecidas, feminicidio, homicidio, asesinato, delitos de odio, etc. Este patrocinio va desde la investigación previa hasta su conclusión, establece la ley. Sin embargo, esta norma no se aplica en su totalidad.
Familiares luchan con o sin apoyo legal en la búsqueda de sus seres queridos
Los familiares de personas desaparecidas necesitan asesoría legal y en algunos casos de un abogado para realizar las debidas diligencias y acciones que forman parte del proceso de investigación. La mayoría de los familiares no tienen la posibilidad de pagar los servicios de un abogado por tal motivo sus investigaciones siguen estancadas.
Han pasado muchos años y existen casos de personas desaparecidas sin respuesta como es el caso de Juan Carlos Calero, quien desapareció el 29 de junio del 2007 en Quito. Su hermana Ligia Calero con tristeza expresa que su hermano lleva 14 años desaparecido.
Familia de Juan Calero en plantón por las personas desaparecidas en la Plaza Grande, centro histórico de Quito. Foto: archivo Asfadec
Desde su desaparición ha presentado dos denuncias. La primera la realizó el padre, fue un proceso complicado a nivel económico. El policía Edison Maya que estaba a cargo de la investigación cobraba por las acciones que realizaba en la investigación. Los gastos incluían, desayuno, almuerzo, transporte y pago en efectivo», dice Ligia Calero, hermana de Juan Carlos.
Además, tuvo que pagar los servicios de un abogado para que el proceso se acelerara. Sin embargo, la investigación no dio resultados sobre el paradero de Juan Carlos. El caso se cerró en el 2010.
En el 2018, Ligia presentó nuevamente la denuncia por desaparición. En este nuevo proceso ha pedido un allanamiento de morada y una entrevista con el policía que estuvo cargo de la primera denuncia, pero la Fiscalía no ha dado paso a este pedido. Considera que es complicado seguir cada paso de la investigación sin la asesoría jurídica o el acompañamiento de un abogado.
El único apoyo que ha conseguido es por parte de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), quien la ha acompañó a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) para exigir que se envié la información sobre el caso de su hermano al nuevo agente asignado.
Su padre se endeudó para pagar los servicios legales de un abogado privado. Además, tuvo que pagar las diligencias realizadas por el agente encargado en la primera denuncia. En la actualidad, no hay una coordinación entre el nuevo agente y Ligia. Ella solicita el allanamiento de morada, acción que no se ha realizado hasta el día de hoy.
Las organizaciones sociales se han convertido no solo en un medio de visibilización de los casos de personas desaparecidas, sino también de acompañamiento y apoyo legal como es el caso de María Petrona Tuquerres, quien desapareció el 3 de mayo del 2018, según nos cuenta su hija Alba Mugmal.
Lo primero que hizo fue colocar la denuncia en la Dinased. Al día siguiente, le dijeron que asista a Fiscalía para que le asignen un agente, pero las acciones por parte del agente no fueron inmediatas tuvo que presionar por dos ocasiones para que empiecen a buscar a su madre.
Después de dos meses, María Petrona Tuquerres no constaba en el registro de personas desaparecidas entonces le dijeron al familiar que necesitaba un abogado para que el proceso continúe. Alba tuvo acceso a un abogado con la ayuda del Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (Covidefem), pero actualmente no cuenta con este servicio.
Tocar puertas sin respuestas
El proceso de la investigación es incierto, sin la presencia de un abogado es complicado seguir investigando. A pesar de asistir a la Fiscalía para conocer el estado y las acciones de la investigación, los términos utilizados en los informes no pueden ser entendidos por los familiares, es decir, necesitan de acompañamiento legal.
Para la abogada Nandar LLamuca que acompaña casos de personas desaparecidas, el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental para todas las personas. Este derecho es reconocido en todos los instrumentos internacionales como es la Convención Americana de Derechos; sin embargo, el ejercicio de este derecho se ha visto obstaculizado por factores: normativos, sociales y económicos.
Marcha «Nos faltan todas y todos» en la ciudad de Quito, 2018. Foto: Archivo Asfadec
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos considera que algunos de los problemas para el acceso a la justicia son los costos que implica el proceso judicial, la ausencia de una institución que proporcione los servicios de defensa gratuitos y la falta de capacitación permanente a los operadores de justicia.
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec) ha buscado apoyo legal en las instituciones públicas y privadas para los familiares de personas desaparecidas, explica Lidia Rueda, presidenta de la Asociación.
En el 2013, la Asociación trabajó en un proyecto de apoyo legal, el mismo se presentó al Ministerio del Interior en ese entonces donde se proponía que se asigne un abogado por cada cinco casos. Tal proyecto no fue aceptado, pero sirvió de base para el ex Ministerio de Justicia que asignó un abogado para que haga el acompañamiento legal a cada uno de los casos. Lamentablemente, los familiares de personas desaparecidas solo conocieron el nombre del abogado porque no se impulsó ninguna acción en la investigación y peor aún acompañamiento legal a los casos.
También, Asfadec solicitó el apoyo del Colegio de Abogados de Pichincha, su respuesta fue enfática “no somos Junta de Beneficencia para dar atención gratuita”, explica Rueda.
Defensoría Pública, la entidad que debe patrocinar casos de personas desaparecidas
Isis Subía, hermana de Natalia Subía desaparecida y encontrada sin vida, acudió a la Defensoría Pública para solicitar patrocinio jurídico. Subía nos relata que un docente de la universidad donde estudiaba le asesoró sobre el servicio que ofrece la Defensoría Pública. “Hice una solicitud, en un inicio por persona desaparecida, donde explicaba que necesitaba ayuda jurídica para que siga el proceso del caso. Cuando encontraron parte de los restos de Natalia nuevamente hice la solicitud, ya no por desaparecida sino por feminicidio”.
Para que el caso pase a violencia de género se necesitó del patrocinio de la Defensoría Pública. Pedimos apoyo porque necesitábamos un abogado. Desde el 19 de febrero del 2021 se empezó a trabajar en acciones conjuntas para que la investigación sea oportuna y se realicen las excavaciones de la quebrada, explica.
Contar con el patrocinio de la Defensoría Pública me ha servido para presionar a la Fiscalía porque existe representación y asesoría al momento de exigir acciones, sostiene Subía. Además, agrega que la abogada a cargo del caso ha conseguido que las diligencias se realicen en menos tiempo posible.
Andrés Aguirre, coordinador provincial de defensa de víctimas en Pichincha por la Defensoría Pública, explica que la entidad presta dos servicios en estos casos. Asesoría jurídica, que es una consulta legal relacionada con los derechos de las personas; y el patrocinio de casos, que implica la designación de una o un abogado que represente de forma legal a la víctima.
Para dar el servicio de patrocinio se considera la necesidad del usuario, si está dentro de las competencias de la Defensoría Pública se asigna a un defensor y si no está dentro de las líneas de investigación se envía a los Consultorios Jurídicos gratuitos de las universidades, explica Aguirre.
Las líneas de investigación que se refiere son casos como desapariciones, feminicidios, homicidios, asesinatos, delitos de odio, entre oros.
Andrés Aguirre, coordinador provincial de defensa de víctimas en Pichincha por la Defensoría Pública
También el funcionario señala que, desde el 2016, la Defensoría Pública está patrocinando casos de personas desaparecidas por petición de la Fiscalía General del Estado o desde las organizaciones sociales que solicitan acompañamiento.
Con esto discrepa Rueda, quien señala que pese a los compromisos con las autoridades, la Defensoría Pública no atendía estos casos y las pocas veces que lo hacía, sus abogados desconocían el tema de personas desaparecidas, es decir, los abogados de la Defensoría Pública defienden a presuntos delincuentes, más no conocen de investigación de personas desaparecidas.
Rueda espera que con la aprobación de la Ley de Actuación en casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas que obliga a la Defensoría Pública a patrocinar casos de personas desaparecidas sea para todo los casos.
¿Cómo acceder al servicio que ofrece la Defensoría Pública?
El presupuesto para patrocinios de casos de personas desaparecidas se maneja bajo el parámetro de defensa de víctimas, es decir, se maneja un solo presupuesto en donde se encuentra los casos de: víctimas de delitos de genocidio, lesa humanidad, feminicidio; delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes; víctimas de estafas masivas en el sistema financiero nacional y programas habitacionales; y violencia intrafamiliar en contra de la mujer o integrantes del núcleo familiar.
La Defensoría Pública cuenta con 190 puntos de atención a escala nacional en 146 cantones, así lo registra esta entidad. Esto con el propósito de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, enfatiza Aguirre.
Según Andrés Aguirre, no existe un proceso específico para acceder al servicio de asistencia legal y patrocinio en casos de personas desaparecidas. Sin embargo, explica que si un familiar necesita de los servicios que ofrece la Defensoría Pública debe acercarse a las oficinas que se encuentran a nivel nacional con la denuncia por desaparición y llenar una ficha para la asignación de un abogado.
Una de las problemáticas que enfrenta la Defensoría Pública es que no cuenta con suficientes defensores especialistas para atender los casos de víctimas en esta problemática social a escala nacional, sólo las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca cuentan con especialistas.
También la Defensoría Pública registra un déficit de defensores públicos y partidas de financiamiento. El titular de esta cartera de Estado, Ángel Torres Machuca, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional, informó que hasta el 30 de julio de 2021 existía un déficit de 200 defensores a escala nacional.
Frente a esto, Aguirre enfatiza que el reto es mejorar los patrocinios y defensas que se está realizando, no solo en Pichincha sino en todo el país.
“Lamentablemente no hay visión desde la víctima, sino una mirada desde la criminología, es decir, la justicia está basada en el perpetrador y no desde la víctima. A veces, los mismos defensores o jueces dicen a los familiares de personas desaparecidas ahí está la Fiscalía para que los defienda”.
Andrés Aguirre, coordinador provincial de defensa de víctimas en Pichincha por la Defensoría Pública
La asistencia jurídica y el patrocinio forman parte del derecho al acceso a la justicia. Cabe recalcar que a pesar de tener los respaldos legales en donde la Defensoría Pública es parte de las instituciones complementarias en llevar los casos de personas desaparecidas, es necesario conocer cómo la institución está cumpliendo su obligación legal. No solamente es decir “tenemos defensores para familiares como víctimas indirectas, sino la efectividad del servicio y la capacidad de los defensores para patrocinar casos de personas desaparecidas», agrega la abogada Nandar LLamuca.
Actualmente, solo un cuarto de casos que acompaña la Asociación cuenta con patrocinio jurídico. Esto a pesar del apoyo legal de personas voluntarias que ingresan a Asfadec, del acompañamiento de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
“Son muchos los casos de personas desaparecidas que necesitan apoyo legal. Necesitamos de gente solidaria, comprometida y con conciencia porque nos encontramos huérfanos ante la justicia”, expresa Rueda.
Foto principal: Marcha por el Día Internacional de la Desaparición Forzada, ciudad de Quito 2018. Foto: archivo Asfadec
Reporte: Asfadec
Investigación: Yessenia Moreno
Vídeo explicativo: Anabel Aranda
Contacto de prensa:
Lidia Rueda, presidenta de Asfadec +593 995601228
Comunicación Asfadec: 0992872742