La “Ruta de la exigencia para que el Estado responda: implementación de la Ley Orgánica de Personas Desaparecidas” – conformada por familiares de distintas ciudades del país – recorrió siete de las 18 instituciones que son parte, directa o de forma complementaria, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas dejó compromisos con las diferentes carteras de Estado que estaban pendientes de la ruta.
Durante diez horas, familiares y amigos de personas desaparecidas recorrieron ayer, 20 de diciembre de 2021, las instituciones del Estado, ubicado en la ciudad de Quito para exigir la implementación de la Ley Orgánica de Actuación en casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional hace dos años, 19 de diciembre de 2019, y publicada en Registro Oficial el 28 de enero de 2020.
La “Ruta de la exigencia para que el Estado responda” convocada por la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) visitó en la mañana cuatro instituciones del Estado, localizadas en el sur y centro de la ciudad capitalina: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar una reunión de trabajo e informes sobre la implementación de esta norma.
Cada parada duró entre 30 y 60 minutos, en los que los familiares flamearon las banderas con los rostros de sus seres queridos desaparecidos, tendían en el piso las gigantografías de los ausentes, distribuían información sobre la organización y gritaban sus exigencias a las autoridades. “¡No nos vamos a cansar para localizar a nuestros familiares – dice Maribel Ángulo, madre de Álvaro Nazareno desaparecido en 2011-. Por eso estamos en la ruta de exigencia visitando a varias instituciones. No nos importa si hace sol, hace frío, llueva, truene o relampaguee siempre estamos en la lucha, exigiendo y jalando las orejas a estas instituciones para que se conduelan y nos atiendan”. Así lo dijo Maribel en los exteriores de la Fiscalía, mientras se daba paso al grito: ¡Queremos la implementación de la Ley!, coreados por todos los asistentes.
Los representantes de la Fiscalía, Ximena Coello, directora de Política Criminal; y Gustavo Villamarín, analista jurídico de la Comisión de la Verdad de esta entidad; mostraron su predisposición a tener una reunión en ese momento. Sin embargo, no contaban con un informe preparado tanto de las actividades para la implementación de la Ley, como de los 10 casos ingresados en el 2020 a cargo de la Dirección de Control Jurídico en la Fiscalía General del Estado. Tras esta breve reunión, los representantes de la Fiscalía General del Estado se comprometieron con los siguientes puntos:
- Llamar a una reunión con Dirección de Política Criminal a cargo de Ximena Coello en relación a las actividades que se están realizando para la implementación de la Ley en general, el protocolo interinstitucional y como se puso en práctica, y sobre las capacitaciones en Derechos Humanos y la problemática de personas desaparecidas a funcionarios/as públicos.
- Llamar a una reunión con Dirección de Control Jurídico a cargo de Patricia Andrade para conocer el informe de 10 casos que ya se habían comprometido a realizar seguimiento.
- A los casos previamente mencionados se añadirían más casos de personas desaparecidas.
Tras ingresar los requerimientos en esta institución, la “Ruta de la exigencia para que el Estado responda” se movió. Cerca de las 13h00, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador se dirigió a la Secretaría de Derechos Humanos, localizada en el norte de Quito, para solicitar mediante un oficio un informe de seguimiento de la implementación de la Ley de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, así como un reporte sobre las actividades realizadas por esta institución en la articulación, planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias y acciones para prevenir, investigar, buscar y localizar a personas desaparecidas o extraviadas.
Grace Jiménez, asesora de la Secretaría de Derechos Humanos, conversó con Lidia Rueda, presidenta de Asfadec; Dayuma Amores y Pamela Chiriboga, de Inredh. Foto: Asfadec
En ese lugar fueron recibidos por la asesora de esta cartera de Estado, Grace Jiménez, que si bien desconocía de ciertas competencias de la ley, se mostró abierta en todo momento a escuchar las peticiones de Asfadec. Se comprometió a dar seguimiento a la implementación de la ley, la del reglamento y otros protocolos relacionados al tema. Además, de coordinar una reunión interinstitucional donde también se encuentren tanto instituciones públicas del Sistema Nacional como delegados de Asfadec e Inredh para socializar los procesos y actividades que se llevan a cabo para implementar la Ley de Actuación en casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
Para Dayuma Amores, asesora jurídica de Inredh, es necesario destacar que desde la Secretaría de Derechos Humanos están de acuerdo con que la sociedad civil, las familias y amigos de desaparecidos puedan participar activamente de la construcción de los instrumentos que van a normar sus procesos, cuestión que no ha pasado en la construcción de varias herramientas normativas tal como el Reglamento y otros protocolos.
A las 16h30, la “Ruta de la exigencia para que el Estado responda” se instaló en los exteriores del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En esta institución, los familiares y amigos de personas desaparecidas fueron recibidos por Edi Pérez subdirector de la Dirección de Antropología y Género de esta entidad, manifestó que los oficios serán recibidos por la coordinadora subrogante del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Gabriela Díaz.
Una comitiva integrada por Asfadec e Inredh aprovechó el espacio para ingresar el oficio de manera directa y consultar el por qué no se ha dado respuesta a los diversos oficios enviados previamente. Gabriela Díaz señaló que existe información de carácter reservado que constituye informes técnicos propios de su naturaleza debido a que apoyan las actividades de la administración de justicia. Sin embargo, la información que es necesaria para los colectivos y organizaciones sí se gestiona una respuesta, dijo. Aunque, Asfadec no ha recibido respuestas escritas por esta entidad a los últimos escritos, explicó Lidia Rueda, presidenta de Asfadec. “La única información que se recibió fue de un caso en concreto y los otros pedidos no hubo respuestas”.
En la reunión Díaz respondió de forma verbal los requerimientos de Asfadec y aseguró que en el manejo de cadáveres NN, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses agota todos las pericias técnicas y tecnológicas respecto a la identificación de cadáveres NN. Lo cual contempla el levantamiento de un perfil genético y su cotejamiento con la base de datos genéticos albergada en tres laboratorios especialistas: 2 de Medicina Legal y 1 de la FGE. “De tal manera que se busca tener una base de datos consolidada e integral. Actualmente, 20 de diciembre de 2021, se está trabajando en una base automatizada gracias al desarrollo tecnológico”, precisó la funcionaria.
Además enfatizó que si un familiar necesita una pericia para el cotejamiento de ADN se la debe exigir al fiscal que lleva el caso.
Respecto al registro de personas fallecidas, Diaz aclaró que a nivel forense se está trabajando con matrices homologadas, actualizadas y están en proceso de llegar a ser automatizadas. No obstante, necesitan muestras de todos los familiares de personas desaparecidas para mejorar la base de datos, dijo.
La coordinadora subrogante también mencionó que el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ya se reunió con las instituciones del Estado respecto a la implementación de la Ley de Actuación de Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Fruto de esas reuniones se habrían aprobado los Protocolos Interinstitucionales de Actuación para la Denuncia y Búsqueda en Casos de Personas Desaparecidas. Es por ello que el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses además del trabajo de registro y consolidación de la base de datos, también está realizando talleres para socializar los protocolos de la Ley e instruirse mejor en la problemática de desaparecidos, puntualizó. Cabe mencionar, que estos protocolos tampoco fueron trabajados con los familiares y hasta no se han socializado.
Tras la breve reunión,, Gabriela Díaz, y la delegación de Asfadec e Inredh llegaron a tres acuerdos:
- Conocer y responder los oficios emitidos por Asfadec a los cuales no se han dado una respuesta.
- Socializar el contenido de los protocolos interinstitucionales que manejan
- Coordinar una reunión interinstitucional con Asfadec e Inredh para socializar los procesos y actividades que llevan a cabo para implementar la ley.
Familiares de personas desaparecidas realizaron un plantón en los exteriores del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, norte de Quito. Foto: Asfadec
Posteriormente, la “Ruta de la exigencia para que el Estado responda” llegó a su sexta y última parada, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased), ubicada en la Av. Occidental, norte de Quito.
Los familiares realizaron un plantón en los exteriores de esta dependencia y mostraron su descontento con el accionar de los agentes investigadores de la Dinased. Yanera Constante, madre de Giovanna Pérez desaparecida en 2010 en Ambato, señaló que se cambian los agentes policiales en su caso, lo que afecta la investigación. Fernando Montenegro, padre de Michelle desaparecida en 2018, dijo que ante la falta de respuesta y la negación del derecho a verdad, ellos seguirán luchando.
«Ellos nos quitaron nuestros sueños al no devolvernos a nuestros familiares y vamos hacer una piedra en el zapato para ellos (Dinased), para que también sientan el dolor que nosotros sentimos. El dolor de los familiares porque nos hacen falta, para ellos son estadísticas las personas desaparecidas, para nosotros son personas muy valiosas y necesarias en nuestros hogares”.
Fernando Montenegro, padre de Michelle Montenegro desaparecida el 5 de junio de 2018 en Quito.
Mientras se desarrollaba el plantón, una delegación de familiares y amigos de personas desaparecidas se reunió con el titular de la Dinased del Distrito Metropolitano de Quito, Fernando de la Torre, quien informó que hace un mes, las doce instituciones del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas aprobaron el Protocolo Interinstitucional para la Denuncia y Búsqueda en casos de Personas Desaparecidas con el que esperan trabajar de forma coordinada. Sin embargo, este documento no ha sido trabajado con la sociedad civil.
Frente a este cuestionamiento, el Mayor Fernando de la Torre señaló que esa fase está pendiente aún y que esperan socializar. No obstante, ya está publicado el documento. Esta acción genera preocupación en los familiares de personas desaparecidas porque las normas y políticas públicas deben ser trabajadas con la participación de la sociedad civil y más aún con los familiares de personas desaparecidas que viven diariamente esta problemática.
Otro punto que genera preocupación es la falta de personal para atender casos de personas desaparecidas y más ahora cuando Dinased se encarga de investigar tanto desapariciones de personas adultas, niñas, niños y adolescentes (NNA) Esta disposición está vigente desde mayo de 2021.
El titular de la Dinased del Distrito Metropolitano de Quito, Fernando de la Torre, se reunió con los asesores de Asfadec e Inredh y se comprometió a gestionar una reunión de trabajo. Foto: Asfadec
Antes la entidad encargada para conocer los casos de desaparición de NNA era la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). Este cambio genera sobrecargo de trabajo, por ejemplo, ahora según datos de la misma Dinased, aproximadamente 36 agentes investigadores conocen 1400 casos de personas desaparecidas.
Finalmente, en la reunión se abordó tres temas: uno, inscripciones tardías que dificulta la localización de personas desaparecidas, pues en los albergues se coloca un nuevo nombre a la persona que desconoce el suyo. Dos, la base de datos NN – que se encuentra en un 60% de avance, según la Dinased. Tres, los criterios de la Alerta Emilia que se activa en casos de menores de edad cuando su vida corre peligro.
En la reunión, Fernando de la Torre se comprometió a convocar una reunión de trabajo técnico entre la sociedad civil, el Ministerio de Gobierno y la Dinased para clarificar los criterios de Alerta Emilia; y a socializar los protocolos aprobados y que maneja esta entidad en materia de desaparecidos y cuerpo NN.
Tras finalizar la ruta, Lidia Rueda clausuró el recorrido y agradeció la presencia de los familiares de provincia que tuvieron sortear varios derrumbes para llegar a la capital. Además exhortó a mantener la esperanza, la fuerza y la unión para continuar la lucha. Dijo que espera que la Ruta de la exigencia haya tocado y sensibilizado a las autoridades y que ahora cumplan con su trabajo y las reuniones acordadas. Caso contrario aseguró que el próximo año volverán a movilizarse a escala nacional.
Contacto de prensa:
Comunicación Asfadec: 0995601228/0992872742
Comunicación Inredh: 0989236441