La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) solicitaron a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y al director de la Dirección de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), Freddy Sarzosa, establecer hora y fecha para dar seguimiento a las reuniones de trabajo sobre la problemática de desaparición de personas en Ecuador.
En las misivas entregadas este jueves, 1 de julio del 2021, se solicitó a la fiscal Diana Salazar una reunión para analizar los acuerdos dados el pasado 13 de febrero y 13 de agosto del 2020 en relación a: dar seguimiento a varios casos de personas desaparecidas en investigación; la construcción de Protocolos de Búsqueda e investigación de personas desaparecidas, con plazos más céleres, diligencias más rápidas con el fin de mejorar la cooperación interinstitucional; capacitaciones en línea para los funcionarios en temas de personas desaparecidas; depuración de los datos de personas desaparecidas para que contar con estadísticas certeras y no contradictorias de esta problemática; número de fiscalías especializadas en el país, ya que hasta el momento solo existen cuatro, entre otros puntos.
En cambio, al director de la Dinased se le solicitó dar seguimiento a los siguientes puntos: creación de protocolos establecidos por la Ley Orgánica y el Reglamento de personas desaparecidas; establecimiento de una línea de teléfono específica para denunciar o recibir información sobre una persona desaparecida; actualización de estadísticas, desglose por año, sexo, edad y provincia. Además de personas halladas vivas o muertas y si el hallazgo fue porque la persona volvió por su propia voluntad o si fue hallada por Dinased; rotación de agentes permanente y capacitación.
En Ecuador, miles de personas están desaparecidas desde la década de los 90 hasta lo que va del año. Solo de enero a abril de 2021, según el Ministerio de Gobierno, se registraron 2354 denuncias de desapariciones. De ellas, 134 personas aún están desaparecidas.
Para Lidia Rueda, presidenta de Asfadec, la desaparición de personas golpea cada día a varias familias ecuatorianas, por eso la reunión con las autoridades de las dos entidades es fundamental pues los familiares y amigos de personas desaparecidas continúan sin recibir respuestas claras. «Se siguen repitiendo los mismos errores y por eso buscamos que las instituciones del Estado tomen este tema como una prioridad», manifestó Rueda.
Para María Paula Arellano, integrante del equipo jurídico de Asfadec, las reuniones con autoridades públicas como son los representantes de la Fiscalía General y la Dinased son relevantes, “ya que el acceso a la información, la fiscalización de actos del poder público y el seguimiento de los casos existentes sobre personas desaparecidas forman parte de los derechos que tenemos los ciudadanos reconocidos en varias normas jurídicas”. Esto en concordancia con la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, que establecen que en la construcción de normativa y política pública tiene que permitirse a la ciudadanía un rol activo y protagónico en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos de interés público y de dirigir peticiones a autoridades a través de mecanismos de participación previstos en la Constitución y la ley, para el buen funcionamiento de la democracia participativa.
En este mismo sentido, Arellano enfatizó que los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana reconocen el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país sin discriminación ni restricción alguna, en la dirección de asuntos públicos. Además resaltó la relevancia estratégica del derecho a la participación para el ejercicio pleno de la democracia. “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad, conforme al respectivo orden constitucional”.
Foto principal: Lidia Rueda, presidenta de Asfadec, junto a Ítalo Salazar, miembro de la directiva de Asfadec y Nandar Llamuca, integrante del equipo jurídico de la asociación, en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Foto: Óscar Flores / Asfadec.
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