Tras 15 años de exigir verdad y justicia, la familia Salazar Córdova decidió demandar al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de investigación e impunidad en el caso María Beatriz Córdova Usamá, víctima de desaparición y asesinato ocurrido en 2006, en la ciudad de Latacunga.
La demanda contra el Estado ecuatoriano fue presentada la segunda semana de enero de 2022 por la falta de respuestas del sistema judicial ecuatoriano en el caso y tras agotar todas las instancias nacionales, explicó Guido Tapia, abogado que patrocina la petición.
María Beatriz Córdova Usamá fue desaparecida el jueves 26 de enero de 2006, cuando salió a trabajar en la Cámara de Comercio de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Ahí laboraba todos los días como recaudadora de cuotas de los socios de la Cámara de Comercio, pero ese día no regresó a casa.
Un día después, su esposo Néstor Salazar presentó la denuncia por la desaparición de María Beatriz ante la Fiscalía. El caso fue ingresado y asignado al fiscal del Distrito de Latacunga, Augusto Semanate Caicedo, pero la investigación no avanzó. Veinticinco días después, el grupo de Bomberos de la ciudad encontró restos humanos de sexo femenino en dos maletas de viaje.
Según el expediente, la primera maleta apareció el 20 de febrero y la segunda cinco días después, junto al Camal de Salcedo en Cotopaxi. Las pruebas de ADN confirmaron cuatro meses después que los restos sí pertenecían a María Beatriz, quien habría muerto por una hemorragia interna debido a que fue apuñalada por la espalda hacia el pulmón, así lo reporta el informe médico forense determinó la causa de muerte.
«Archivo del caso por desaparición y asesinato de mi esposa nos dejó en la indefensión»
El caso por desaparición se cerró y continuó la investigación por el delito de asesinato con el mismo número de expediente 171-2006, en el distrito de la Fiscalía de Cotopaxi. Cinco años después, el caso se archivó sin notificación previa y más aún sin esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables, dice Néstor Salazar. En el 2019, Fiscalía General del Estado ratificó el archivo del caso.
Derechos vulnerados
En la demanda presentada contra el Estado ecuatoriano se señala que el sistema judicial ecuatoriano no cumplió con lo que determina la ley en su artículo 38 y 39 del antiguo Código de Procedimiento Penal, que señala:
Art. 38. El Fiscal debe solicitar al juez, mediante requerimiento debidamente fundamentado, el archivo de la denuncia, cuando sea manifiesto que el acto no constituye delito, o cuando exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso.
Art. 39.- Efectos.- Si el Juez, después de oír al denunciante, aceptare el requerimiento de archivo, su resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentaron o se mantenga el obstáculo que impedía la instauración del proceso.
El archivo del caso en el 2011 se dio sin motivación y sin notificar a la familia. Para el abogado patrocinador en este caso se violó una serie de derechos humanos de la víctima y de sus familiares. Por ejemplo cita el derecho a la vida, a la integridad personal, a libertad, a la protección de la honra y la dignidad; el derecho a la justicia, el derecho a la familia, entre otros.
Con esta petición lo que se busca es que se resarzan los derechos que han sido violados en el caso y que se garantice el derecho a verdad y justicia de la familia, concluye el abogado.
Una lucha que prevalece
“Con esto me puedo morir tranquilo, he hecho todo por alcanzar justicia para María Beatriz”, dijo Néstor a su abogado Guido, quien lo acompaña de vez en cuando en sus viajes a la Amazonía. Él le ha explicado a la familia Salazar Córdova que este proceso es largo y puede demorar mucho tiempo. Esperan que la petición sea revisada y admitida por la CIDH en los próximos dos o tres años.
Don Néstor tiene 70 años de edad y durante los últimos quince años ha luchado para que se esclarezcan los hechos y su esposa pueda descansar en paz. Él con un tono de voz lento, pero firme dice que tal vez no logré ver la justicia, pero asegura que su familia continuará su lucha. Su hija, que era una niña cuando fue asesinada María Beatriz, está cursando la carrera de Derecho y espera graduarse para continuar con el caso. “La familia no busca dinero, busca verdad y que el caso sea reabierto”, dice el jurista.
Casos ante organismos internacionales
Este no es el primer caso de vulneración de derechos en materia de desaparición presentado contra el Estado ecuatoriano ante organismos internacionales. El año anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció al Estado ecuatoriano como responsable de vulnerar los derechos en el caso Gustavo Garzón Guzmán y Luis Eduardo Guachalá.
Gustavo Garzón Guzmán fue desaparecido el 10 de noviembre de 1990, en la ciudad de Quito, durante el gobierno del expresidente Rodrigo Borja. La Corte IDH resolvió que el Estado ecuatoriano es resposable por la desaparición forzada de Gustavo. Catorce años después, el 17 de enero 2004, Luis Eduardo Guachalá desapareció cuando estaba internado en el Hospital Público Julio Endara, sector de Conocoto. La Corte IDH condenó a Ecuador por vulnerar su derecho a la salud.
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