La Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura resolvió en su informe que existen los elementos suficientes para presumir que Juan René Carranza Martínez, ex director Provincial de Tungurahua del Consejo de Judicatura, cometió una infracción disciplinaria cuando conoció el caso de desaparición de Giovanna Pérez. Sin embargo, dicho informe ya no se puede aplicar.

Yanera Constante ha sido por años una voz de lucha por encontrar a su hija, Giovanna/Foto: Archivo Asfadec
La familia Pérez Constante ha luchado por más de ocho años para evidenciar que 21 funcionarios públicos de la Fiscalía de Tungurahua entregaban información reservada a terceras personas que no eran parte procesal de la investigación en el caso de la desaparición de Giovanna Pérez Constante, joven vista por última vez el 4 de diciembre de 2010, en la ciudad de Ambato.
Esta denuncia de violación al derecho a la reserva recayó en el despacho de Juan René Carranza Martínez, en ese entonces director Provincial de Tungurahua; sin embargo, este funcionario archivó el caso el 14 de septiembre del 2021.
Esto pese a que, ellos habrían revelado información reservada e importante a la hermana y a los abogados del presunto sospechoso de la desaparición de Giovanna. Esto había ocurrido por años, según comenta Yanera Constante, madre de la joven, durante una entrevista en una radio de Quito.
“A pesar de existir las suficientes pruebas, dichos servidores públicos no fueron sancionados, ni destituidos y quedó en la impunidad – dice Yanera Constante-, pues Carranza teniendo conocimiento de los hechos archivó el caso ratificando la inocencia de los funcionarios demandados».
En contexto
Tras esta situación, Yanera Constante denunció a Carranza y a otros 21 funcionarios públicos de la Fiscalía General Tungurahua por haber cometido faltas disciplinarias durante la investigación. Estos habrían incumplido el numeral 6, del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial por “revelar información sobre actos investigativos que por su naturaleza puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes”.
En febrero de 2022, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura señaló en su informe de 22 hojas que:
A través del informe, el Consejo de la Judicatura resolvió que Carranza infringió el artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre infracciones graves y determinó que “al servidor de la Función Judicial se le impondrá la sanción de suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por el plazo de hasta treinta días”.
Sin embargo, esta sanción ya no es aplicable a la realidad, pues el ex director Juan Carranza renunció a su cargo en diciembre de 2021 y ya no es parte del Consejo de la Judicatura.
Para Yanera Constante este informe evidencia lo que han reclamado por años: la corrupción existente en el proceso de investigación en el caso de su hija. Por ello impugnaron esta resolución. “Estamos pidiendo al Consejo de la Judicatura una sanción que sea aplicable y hemos solicitado que él (Carranza) no ejerza cargos públicos durante dos años”.
“Vamos a luchar para que quede insubsistente el archivo, eximiéndoles de responsabilidad a estos 21 funcionarios, los cuales; debieron ser sancionados con la destitución. También que se deje insubsistente el informe de Carranza y que se continúe con la investigación de estos malos operadores de justicia”, dice Constante.
Ante estas violaciones legales dentro del proceso investigativo, Asfadec manifiesta su preocupación por estos casos de corrupción existentes dentro del sistema judicial.
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