«No
acepto, no recibo su bono. El dinero que puedan darme no compensa mi dolor, no
va a aliviar las deudas contraídas durante estos cuatro años y que seguiré en
la obligación de cubrir con el fruto de mi trabajo y en cambio va a convertirse
en una excusa más de la supuesta respuesta y eficacia estatal al drama que
vivimos las víctimas de desaparición», escribió Elizabeth Rodríguez a
Lídíce Larrea, ministra de Inclusión Económica y Social (MIES) el pasado 15 de
septiembre de 2016.

Esto luego que Rodríguez, madre de Juliana Campoverde desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sector
de la Biloxi, en el sur de Quito, recibiera una llamada telefónica de
un funcionario del MIES que ofrecían un bono económico a la familia para «apoyarme en los gastos que representa la búsqueda de mi hija».