Este 17 de enero de 2022 se cumplen 18 años de la desaparición de Luis Eduardo Guachalá, visto por última vez en una casa de salud pública. La Corte IDH declaró responsable al Estado ecuatoriano por vulnerar sus derechos y emitió diez medidas de reparación, conoce cuáles se han cumplido. 

El 17 de enero de 2004 desapareció el joven Luis Eduardo Guachalá Chimbo bajo la custodia del hospital psiquiátrico Julio Endara, en la ciudad de Quito. Luis Edurado padecía epilepsia, razón por la cual fue internado unos días antes en dicha institución estatal la cual no informó de la desaparición del joven hasta dos días después.

A partir de ese momento, su madre Zoila Chimbo y su hermana Nancy Guachalá emprendieron su búsqueda que hoy cumple 18 años. En las casi dos décadas los familiares de Luis Eduador atravesaron una serie de obstáculos y trabas judiciales, que les impidieron el acceso a la información, el derecho a la verdad y sobre todo el acceso al derecho a la salud sin discriminación.

Buscando justicia, verdad y reparación 

Dos días después de la desaparición de Luis Eduardo y  tras las respuestas contradictorias del personal del hospital Julio Endara, Zoila Chimbo presentó la denuncia  por la desaparición de su hijo. 

Semanas más tarde se llamó a declarar al personal del hospital: pacientes, doctoras/es, enfermeros, personal de seguridad y la trabajadora social de la institución. Las versiones tomadas por la Fiscalía revelaron que los guardias de seguridad no fueron informados de la salida no autorizada de Luis Eduardo,  sino hasta el segundo día. 

Nadie tenía pistas de Luis Eduardo. Tampoco los peritajes por parte de la Policía Judicial de Pichincha  presentaron hallazgos, frente a esto el 22 de noviembre de 2004  la Fundación Regional en Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica  del Ecuador (PUCE) acompañaron a los familiares en la búsqueda  e  interpusieron un habeas corpus ante la Alcaldía de Quito, en la administración de Paco Moncayo.

Doña Zoila Chimbo junto al apoyo de la Fundación Inredh y el Centro de Derechos Humanos visitaron diferentes instituciones públicas exigiendo su derecho a saber lo que pasó con Luis Eduardo  y que los responsables de su desaparición respondan, pero no obtuvieron resultados.  

Para febrero de 2005, la Dirección Nacional de la Tercera Edad y Discapacitados (Dinated – ahora extinta) por medio del Ministerio de Salud realizaron cotejamientos de ADN en la morgue de la ciudad, pese a esto Fiscalía de Pichincha desestimó y archivó el caso el mismo año.

En 2007 ante la falta de respuesta y sobre todo voluntad por esclarecer los hechos en todas las estancias posibles se envió una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición del joven Luis Eduardo. Tres años después, el 10 de noviembre de 2010, se admitió el caso en la CIDH. Esto generó una serie de diligencias por parte de la Policía y Fiscalía, donde figuran las siguientes acciones, todas impulsadas por la madre de Luis: 

• Difusión internacional del rostro de Luis Guachalá (OCNI-INTERPOL) 
• Documentar y verificar la existencia de cadáveres no identificados a nivel nacional.
• Allanamiento al hospital Julio Endara. 
• Valorar y receptar nuevas declaraciones de los médicos del hospital y auxiliares de enfermería. 
• Verificación de los cuadernos del Departamento de Medicina Legal de Pichincha a partir de enero de 2004. 
• Rastreo con canes adiestrados en búsqueda de osamentas en las inmediaciones del Hospital.
• La fiscal requirió a seis canales de televisión y a cuatro diarios a difundir la imagen y datos del señor Guachalá

Sentencia de la Corte IDH y la deuda del Estado

Quince años después, en noviembre de 2019, la CIDH presentó el caso Guachalá Vs Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la vulneración de los derechos de Luis Eduardo.

El Estado ecuatoriano se defendió y aseguró que Luis Eduardo abandonó por su propia voluntad la casa de salud pública. Así lo dijo en la audiencia pública ante el máximo organismo de derechos humanos en América, pero la Corte IDH dictaminó la responsabilidad del Estado ecuatoriano. 

El 26 de marzo de 2021, la Corte IDH emitió su sentencia que se publicó el 23 de junio del mismo año. Esto luego de varias audiencias en la Corte IDH, que declaró que el Estado ecuatoriano es responsable de la violación de los derechos de Luis Eduardo,  específicamente del derecho a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación; acceso a la justicia e información; y el derecho a la verdad. 

Además, la Corte IDH hizo hincapié en el desgaste físico, psicológico y moral  de las víctimas indirectas del caso, provocado por la falta de accionar del Estado. La Corte IDH dictaminó al Estado ecuatoriano: 

• Investigar y determinar el paradero de la víctima.
• Enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos los responsables.
• Indemnización económica a Zoila Chimbo Jarro y Nancy Guachalá Chimbo por concepto de gastos por tratamiento psicológico y/o psiquiátrico y gastos conexos a la desaparición de su hijo/hermano. 
• Aceptar de forma pública la responsabilidad internacional.
• Verificar los apoyos estatales de las personas con discapacidad para que éstas puedan dar su consentimiento informado a tratamientos médicos.
• Capacitar al personal del Hospital Julio Endara en materia de consentimiento informado y derecho a la salud. 
• Publicación o cartilla informativa que desarrolle los derechos de las personas con discapacidad al recibir atención médica.
• Video Informativo sobre la misma temática resaltando las obligaciones del personal médico cuando brinda atención a personas con discapacidad. 
• Desarrollar protocolo de actuación en casos de desapariciones de personas hospitalizadas en centros de salud públicos.
• Pagar indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial.

¿Qué se ha cumplido de la sentencia?

Diez ítems de los cuales hasta la fecha no se podría constatar ninguno, ante esto Mario Melo, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y parte del equipo jurídico que llevó el caso, aseveró: 

«Hemos mantenido dos reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos respecto a la sentencia del caso Guachalá, pero dichas conversaciones no han derivado aún ni en el pago de indemnizaciones, ni el cambio de políticas de atención a las personas con discapacidad ni en una investigación efectiva sobre la desaparición de Luis Eduardo Guachalá. Así que el avance en este primer año no es significativo”. 

Mario Melo, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE y abogado del caso

Por lo mismo se encuentra trabajando en un informe para la Corte IDH y así solicitarle el seguimiento al cumplimiento de la sentencia, por otro lado empezar a presionar desde las diferentes instancias nacionales al Estado ecuatoriano para reactivar los trabajos de búsqueda de Luis Eduardo  reparar a las víctimas indirectas y garantizar las acciones de no repetición.  

A tres meses de cumplirse un año de la sentencia, el Estado mantiene una deuda con los familiares y amigos de personas desaparecidas:

“El caso Guachalá es importante para el Ecuador y el continente porque permite visibilizar varios temas de derechos humanos en primer lugar, las deficiencias de los servicios públicos de salud al atender a personas con discapacidad […] luego la ineficacia de los mecanismos de investigación de los casos de desaparición que terminan propiciando impunidad, por última la destacada lucha de una madre que siendo de la tercera edad, humilde y enferma, no ha cedido ni a las presiones ni a las dificultades hasta conseguir justicia para su hijo y para todas los familiares de personas desaparecidas”.

Es por ello que exhortamos  – como en reiteradas ocasiones – al Estado a cumplir su rol como garante de derechos y asumir su responsabilidad cuando los vulnera. De igual manera llamamos a las organizaciones de derechos humanos a estar vigilantes al cumplimiento de la sentencia y exigir a nuestros gobernantes cumplir con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos en todo el accionar estatal. 

Foto de portada: Nancy Guachalá junto a su madre doña Zoila Chimbo en su casa, norte de Quito. Foto: Dennis de la Cruz/ cortesía Inredh