El 17
de noviembre se cumplió 3 años y 7 meses de tu desaparición hermano y 35 días
de la última reunión con el presidente de la República, Rafael Correa. Reunión
que como siempre fue un completo éxito de acuerdo con las
declaraciones del mismo presidente y varios de los participantes, que cual
circo, aplaudieron efusivamente por el espectáculo.

Lamentablemente yo no pude participar, pero debo dejar en
claro temas pendientes sobre el estado de la investigación de mi hermano,
Camilo Tobar Abril desaparecido el 17 de abril de 2012, en el sector de
Cumbayá,  y que desdicen todo lo afirmado
en dicha reunión: 

Durante las 3 reuniones mantenidas con el
Presidente, en el caso de mi hermano repiten una y otra vez: “Estamos a un paso
de resolver el caso”, “Hay avances importantísimos en el caso pero no pueden
ser revelados a los familiares por la reserva en la investigación” pero el caso
de mi hermano está aún como Actuación Administrativa y según el Código Orgánico
Integral Penal (COIP), habla sobre la Reserva de la investigación cuando señala
que; a) la reserva aplica solamente en los procesos penales cuando estén en la
etapa de investigación previa; aplica también a terceras personas ajenas a la
investigación b) Para ser precisos el Art. 584.- dice: Las actuaciones de la
Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema especializado integral
de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional y de
otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán
en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las
cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y
suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. Entonces, ¿de qué
reserva me hablan?, ¿Por qué no se ha resuelto el caso de mi hermano si estaban
a un paso de resolverlo hace casi dos años desde la primera reunión con el
Presidente realizada el 11 de diciembre de 2013? “(…) Acceder a verdad y a justicia no es un derecho apenas
formal que se satisfaga mediante la iniciación de procesos administrativos o de
indagaciones; o mediante la creación de instituciones no especializadas; sino,
que implica que la persona obtenga a lo largo de la actuación y hasta la
culminación de la misma, la posibilidad real de ser escuchada, evaluados sus
argumentos y alegatos y tramitadas, de acuerdo con la ley, sus peticiones, de
manera que las resoluciones judiciales sean reflejo de una adecuada, profunda,
pormenorizada y transparente investigación.” 

En marzo 2015, durante reunión con el Presidente,
los ministros de Justicia e Interior dijeron que se comprobó dolo al dejar en
libertad al detenido en el caso de mi hermano y que me harían llegar la
resolución del Procedimiento Administrativo. El 30 de marzo nos reunimos con la
Ministra Zúñiga, Oscar Obando y Mirna Estacio y efectivamente nos entregaron la
prueba de que los ministros, José Serrano y Zúñiga nos mintieron porque nos enviaron
la resolución del estado de inocencia de la sumariada, entonces, ¿de qué dolo
hablaron los Ministros?. “(…) el deber de investigar es una obligación de
medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber
jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser
infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de
la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación
privada de elementos probatorios. La obligación del Estado de investigar debe
cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos
vuelvan a repetirse.” 

También puede leer: El sabor amargo que me dejó la reunión con el presidente Rafael Correa.  

El 4 de mayo pusimos en conocimiento de la Fiscalía
“encargada” un incidente con mi sobrina sucedido el fin de semana del 2 de
mayo, pero resultó que en menos de un mes habían cambiado nuevamente de fiscal de
la Ab. Machuca al Dr. Jorge Flores y del Dr. Jorge Flores al Dr. Mencías, este
segundo cambio sin notificación alguna, pese al compromiso de la Fiscalía General
del Estado que no habrá más cambios de fiscales.Al pedir explicaciones sobre
este hecho, la Coordinadora de Fiscales, explicó que debido a la presión de los
familiares y de los abogados de los 3 casos emblemáticos y que son los más mediáticos,
sonados y conocidos se han visto en la obligación de sacar el caso de Camilo
Tobar de la fiscalía de Flores.

 Así él podrá resolver
estos casos de manera urgente, cosa que es corroborada por el Ministro Serrano
cuando tuitea “Nuestra responsabilidad es resolver el caso de David” y difunden
la información de la desaparición de Camilo Tobar con la foto de otra persona.

Esta situación se evidencia una vez más, cuando el
Gobierno contrata a espalas de todos los familiares de los desaparecidos, a una
profesional del derecho para que represente a una sola persona desaparecida,
exigiendo mediante cláusula de confidencialidad a los familiares la reserva del
caso por temas presupuestarios, pese a que la Asociación de los Familiares de
las Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) presentó un proyecto para que
sean dos abogados pagados por el Gobierno los que representen todos los casos de
los desaparecidos.

Volviendo a lo de mi
sobrina. Durante
el mismo fin de semana (2 de mayo 2015) intentamos comunicarnos varias veces
con el policía investigador, quien ante las llamadas insistentes, ya no solo de
mi parte, si no de la Coordinación de Fiscales envía a un subalterno a que
averigüe qué pasa mientras él asiste a otra reunión con el Fiscal Flores,
cuando yo (Pilar Tobar) le enfrenté, contesta “y a usted qué fue lo que más le
molestó, el que no le haya ido a ver o el que no le haya llamado?”. Demostrando
que los derechos humanos de nuestros seres queridos ausentes y los nuestros
propios han sido vulnerados una vez más por los funcionarios públicos y hasta
por el propio presidente de la República, Rafael Correa, al intentar justificar
este tipo de actitudes.

Varios de los compromisos adquiridos por el Estado
el 11 de diciembre de 2013, aún están sin efectuarse, tales como la Base de
Datos Nacional que debe contener información cruzada sobre casas de salud,
hospitales, morgues, terminales, centros de detención, refugios, albergues, no
existe.

En el Ecuador tampoco existen peritos
especializados y la ministra Ledy Zúñiga dijo, el 5 de marzo de 2015, durante
la tercera reunión presidencial dijo “…el Gobierno se comprometió a intentar
resolver los casos con ayuda de expertos internacionales. Esa asistencia
internacional será de antropólogos forenses de Colombia y de Venezuela para
fortalecer las investigaciones que ya están en proceso”. Igualmente el defensor
Público, Ernesto Pazmiño, dijo: “…solicitar asistencia de la policía de
Londres, la Scotland Yard, para continuar con las operaciones de búsqueda de
los desaparecidos”. (El Universo: Expertos internacionales resolverán casos de
desaparecidos en Ecuador:http://bit.ly/1wMFirk).
Sin embargo a lo antes ofrecido, en la cuarta reunión en Presidencia, la
ministra de Justicia lo vuelve a ofrecer como un compromiso. (El Telégrafo:
Presidente Correa se reúne con familiares de desaparecidos: http://bit.ly/1A0EHhg) 

Con respecto al sistema David, tampoco cumple con
el objetivo de informar sobre las actividades realizadas en los casos de los
desaparecidos ya que en la fecha en que nos dieron la capacitación sobre el
sistema, constaba en el caso de mi hermano que se realizaría rastreo y
búsquedas, así como pericias técnicas en el año 2017, lamentablemente no hubo
impresoras aquel día para imprimir dicha prueba. 

A todo esto debo manifestar que es deber del Estado
garantizar y promover los Derechos Humanos de manera efectiva e idónea, creando
y cumpliendo las políticas públicas especificas; pero queda demostrado una vez
más que en el caso de personas desaparecidas la respuesta estatal es
insuficiente. Reconozco el intento por atender y resolver la problemática de la
desaparición, sin embargo, nada es suficiente, pues pese a la creación de la
Dinased, la Unidad de Fiscalía en la ciudad de Pichincha, consolidación de
líneas telefónicas y campañas de recompensas, el personal no posee una
capacitación adecuada para investigar, resolver, atender solicitudes de
recompensas en los casos de desaparecidos, tampoco cuentan con los recursos y
herramientas humanas y técnicas suficientes.

Recuerdo las palabras del Papa Francisco en su
visita al Ecuador: «La familia constituye la gran riqueza que otras
instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada para no
perder nunca el justo sentido de las servicios que la sociedad presta a sus
ciudadanos. En efecto, estos servicios que la sociedad presta a los ciudadanos
no son una forma de limosna, sino una verdadera deuda social respecto a la
institución familiar, que es la base y la que tanto aporta al bien común de
todos” a pesar de todos los esfuerzos del Gobierno en dar una respuesta y
encontrar a los desaparecidos, la deuda
social respecto a la institución familiar aún es muy grande. Las familias
estamos quebradas, incompletas porque no estamos todos, nos faltan nuestros
seres queridos desaparecidos y por eso rechazó una vez más la insistencia del
presidente Rafael Correa cuando dice que a pesar de existir la libertad de
asociarse, salir a las calles, hacer plantones y marchas de los familiares de
los desaparecidos, no resuelve nada y por el contrario politizan el tema.

Los familiares que marchamos o participamos en plantones lo
hacemos de manera voluntaria con la firme convicción que es una alternativa
válida para ayudar a encontrar a nuestros seres queridos; que nuestra lucha es
legítima y nace del amor por encontrar a nuestros seres queridos. Por lo tanto,
los funcionarios públicos y demás personas que tachan nuestra lucha de
politequera y partidista vulneran nuestros derechos, en el Gobierno el Buen Vivir.

Texto de Pilar Tobar que busca a su hermano, 

Camilo Tobar Abril, desaparecido el 17 de abril de 2012, 

en el sector de Cumbayá.