Quito, 3 de junio de 2021-. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) presenta este reporte sobre desapariciones de menores de edad – donde se presume responsabilidad del progenitor – y la Alerta Emilia.
El 21 de agosto del 2018, representantes del entonces Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional presentaron de manera oficial la ‘Alerta Emilia’, un protocolo de búsqueda inmediata para niñas, niños y adolescentes que difunde la imagen e información del menor de edad desaparecido, a través de los dispositivos móviles y medios de comunicación masiva (televisión y radio), el correo electrónico y las redes sociales durante un período de 72 horas, que puede extenderse si el caso lo amerita. Sin embargo, no todos los casos son aprobados para su implementación y todavía se discriminan sobre la base de criterios calificados por el Departamento de Análisis de Información del Delito, ente perteneciente a la Policía, pese a que todas y todos los menores de edad son considerados como un grupo de atención prioritaria.
Pese a que han pasado dos años y diez meses, apenas cinco casos recibieron la activación de la Alerta Emilia. El último fue el de Sara y Sofía, hermanas de nacionalidad venezolana que fueron encontradas en Perú el lunes 26 de abril, cuatro días después de que sus padres denunciaran su desaparición. Según Gabriel Martínez, el entonces ministro de Gobierno, la alerta se activó el viernes 23 de abril, pese a que apareció en redes sociales recién el domingo 25 de abril. Tampoco, la alerta de forma institucional se difundió en medios de comunicación como radio y televisión. Del total de casos en que se divulgó la Alerta Emilia, cuatro de ellos arrojaron con resultados positivos, pues los menores regresaron a casa con sus familias. Este dato refleja que, cuando la alerta se activa, existe mayor probabilidad de encontrar al menor de edad desaparecido.
Para Dayuma Amores, asesora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Alerta Emilia debería activarse de forma inmediata una vez que la madre, padre o responsable legal sospeche que el menor de edad se encuentra en situación de riesgo. El hecho de que transcurra más tiempo sin que se active y, peor aún, sin iniciarse la investigación, provoca que se pierdan indicios importantes como el registro de cámaras de video o la recolección de información a través de testigos, elementos claves durante las primeras horas de la desaparición.
Según las estadísticas del Ministerio de Gobierno, 6454 personas fueron reportadas como desaparecidas de enero a diciembre del 2020; 6227 fueron localizadas, mientras que 227 casos continúan en etapa de investigación. El 44% de quienes permanecen desaparecidas y desaparecidos corresponde a niñas, niños y adolescentes.
Mientras que, entre enero y abril del 2021, se reportaron 2220 casos de personas desaparecidas, siendo 134 las personas que todavía no han regresado a casa. De ellas, el 48% correspondiente a niñas, niños y adolescentes.
¿La situación varía si es uno de los padres o familiares el causante de la desaparición?
En las últimas semanas, los casos de las niñas Asiris Tocagón y Sofía Andrade, de 6 meses y 5 años de edad, en ese orden, revelan una problemática en el sistema judicial. En ambos casos fueron los padres de las menores de edad quienes se las llevaron sin el consentimiento de sus madres, pero los agentes de la Policía Nacional se negaron a investigar el paradero de las niñas en un primer momento, debido a que se encontraban con su progenitor. Sin respuestas, Mishell Montalvo, madre de Asiris, decidió viajar hacia Quito y denunciar su caso en la Plaza de la Independencia junto a las decenas de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Su caso se difundió a nivel nacional y presionó a las autoridades para que agiliten la investigación. Luego de dos meses y 18 días, la bebé fue localizada en buen estado de salud, en la parroquia Mataje, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas; en donde se encontraba en poder de su padre y los familiares del mismo.
Por su parte, Sofía fue desaparecida el 28 de enero del 2021, en el sector de la Mitad del Mundo, parroquia San Antonio de Pichincha, noroccidente de Quito. La última vez que se la vio fue con su padre Freddy A. que acudió a verla bajo el régimen de visitas abierto, pero se la llevó sin el consentimiento de su madre, Claudia Hidalgo, quien posee la custodia de la menor. Desde entonces, Claudia no sabe dónde está su hija y tampoco pudo comunicarse con el padre de la menor, debido a que Freddy A. cortó toda comunicación con ella.
Un caso similar es el de Joshua Salinas Acosta, menor de 8 años que desapareció el 14 de febrero del 2019 cuando su madre Lilia Acosta salió de su domicilio. Al regresar no encontró ni al niño ni a su esposo Manuel Salinas. Desde entonces, Lilia acudió a las autoridades para que encuentren a su hijo e incluso pidió que se active la alerta Interpol* para que la búsqueda se realice en territorio colombiano, pues tiene la certeza de que Manuel se lo llevó hasta allí. Pese a sus esfuerzos, el trámite se encuentra estancado.
«La alerta Interpol es un mecanismo que se activa una vez que se agotan las búsquedas internas. El fiscal que lleva el caso tiene la potestad de pedir su activación si existe una certeza de que el menor de edad podría ser sacado del país o ya se encuentra fuera del territorio ecuatoriano».
Estas denuncias de desaparición no son de ahora, el 6 de noviembre de 1994, María Eugenia Bassantes vio por última vez a su hijo Alexander Romo, de 2 años y cuatro meses, cuando estaba jugando en el ex antiguo terminal Cumandá, centro histórico de Quito. Han pasado 27 años y aún Alexander no ha vuelto a casa. Su madre asegura que el padre se lo llevó. “Seguiré luchando hasta que mis ojos se cierren”. Este 7 de julio él cumpliría 29 años.
¿Por qué no se activa la alerta si cumple con uno de los parámetros que recoge el protocolo (la menor de edad se encuentra acompañada por una persona conocida sin el consentimiento de su madre)?
En los casos de Asiris, Sofía y Joshua, la demora en el inicio de la investigación, principalmente porque los agentes consideran que no existe un riesgo para la o el menor por encontrarse con su padre, retrasan la activación de la alerta. Uno de los parámetros para que el caso sea objeto de análisis es que la desaparición ocurra durante las últimas 48 horas. Sin embargo, son ellos quienes ponen un obstáculo para receptar la denuncia, lo que retrasa el proceso e imposibilita que las autoridades utilicen las herramientas a su alcance.
El principal problema es que se pondera un parámetro como el tiempo transcurrido desde la desaparición y se deja de lado a otros como el riesgo de que sea trasladado fuera del país, en el caso de Joshua, o que no exista consentimiento de la o el representante legal para que el menor esté con un adulto conocido, como los casos de Asiris y Sofía.
De izquierda a derecha. Joshua Salinas, 8 años; Claudia Hidalgo, 5 años; Alexander Romo, 2 años y 8 meses; y Asiris Tocagón, 6 meses.
Lina María Espinosa, asesora legal de Asfadec, considera que, si el entorno familiar cercano presume que se trata de una desaparición en donde se presenten elementos generadores de riesgo, no debería existir ningún motivo para no activarse la Alerta Emilia. “Son grupos de atención prioritaria y por su misma condición tienen mayor vulnerabilidad y riesgo – explica la jurista –. No se puede tener la certeza de que un padre no sea un agresor o la exponga inintencionadamente a situaciones que expongan su integridad, en su afán de llevársela lejos”.
¿Qué debería ocurrir para que el Estado ecuatoriano garantice su activación en todos los casos?
Las instituciones estatales deben generar espacios de diálogo con los familiares de las personas desaparecidas. De esta forma, se podría entender de mejor forma cuáles son los obstáculos que se presentan dentro de las diligencias administrativas y los elementos que deben ser sometidos a modificaciones. Por otro lado, los criterios que determinan si un menor de edad se encuentra en una situación de riesgo producen que existan casos igualmente complejos que no reciben la atención necesaria, cuando en la realidad todos los casos de personas desaparecidas son importantes. Para Dayuma Amores, se trata de un tema de capacitación integral para el personal de Fiscalía y Policía Nacional, además de la flexibilización de criterios para activar los mecanismos de difusión inmediata.
Proceso de activación y difusión de la ‘Alerta Emilia’
¿Cuál es la responsabilidad estatal en estos casos?
Desde que comenzó su lucha, los familiares y amigos de personas desaparecidas en Ecuador insisten en la capacitación de agentes y fiscales para su especialización en casos de personas desaparecidas. Este es uno de los objetivos primordiales para mejorar la realidad de las personas desaparecidas en el país y las autoridades están en la obligación de cumplir esta exigencia. Mientras esto no suceda, los agentes y personas encargadas de autorizar la aplicación de protocolos continuarán discriminando los casos bajo lineamientos que no contemplan la importancia que albergan todos los casos de desaparición y la necesidad de ser investigados de inmediato.
Foto principal: Las madres y padres de familia sufren la ausencia de su hijo cuando son desaparecidos por un familiar cercano. Foto: Oscar Flores / Asfadec
Reporte: Asfadec
Investigación: Jonathan Tamayo
Infografías: Dayana Sanmartín
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