La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) se reunieron con el defensor Público General, Ángel Torres Machuca, y la coordinadora Provincial de Defensa de Víctimas Pichincha de la Defensoría Pública, Ginna Pasquel, con el fin de buscar una resolución sobre el patrocinio jurídico para casos de personas desaparecidas y localizadas sin vida.
En la cita de este miércoles, 24 de noviembre de 2021, Lidia Rueda, presidenta de Asfadec, señaló que el patrocinio legal de casos de personas desaparecidas permitirá que: “nuestros seres queridos vuelvan a casa porque ellos son más que estadísticas, son nuestros familiares que fueron desaparecidos”.
Citó que la familias son de escasos recursos por lo cual contratar un abogado no es posible y eso ha generado que las investigaciones no avancen como en el caso de Alexander Romo desaparecido en 1994; Luis Sigcho en el 2008; Leonor Ramírez en el 2011 y así en las centenas de casos de personas desaparecidas que hay en el país.
Ante esto, la Defensoría Pública informó que al momento patrocinan 10 casos de personas desaparecidas en la ciudad de Quito y aseguró que sí patrocinará estos casos, “debido a la reforma del reglamento de la Defensoría Pública en mayo de 2021 y parte del mandato fue cambiar la línea de la defensa que ahora también es de las personas desaparecidas”.
El artículo 14 de la Ley de la Defensoría Pública establece que el patrocinio es obligatorio y gratuito para la defensa de víctimas como el caso de personas desaparecidas, feminicidios, homicidios, asesinatos, entre otros. Este patrocinio, según la ley, va desde la investigación previa hasta la conclusión del caso.
Para ello, la Defensoría Pública solicitó a Asfadec que remita la lista de todos los casos sin patrocinio que conoce la Asociación para el patrocinio jurídico a escala nacional De esa forma, la institución podrá gestionar y dar una defensa técnica que se encargue de cada caso.
Este patrocinio legal permitiría que los familiares de personas desaparecidas cuenten con un/a profesional que les facilite el acceso a la justicia y que garantice se respeten los derechos, especialmente a la tutela judicial efectiva, de las víctimas de las desapariciones – dice Nathaly Farinango, del área jurídica de Asfadec-. “Exigir que se ponga a disposición todo el andamiaje estatal para encontrar a las personas que nos faltan. La Defensoría Pública tiene la obligación de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos, con especial énfasis en las provincias donde existe mayor vulnerabilidad».
Además, “acordamos mantener reuniones constantes para hacer seguimiento a los patrocinios y también compartir espacios de formación especializada en temas de personas desaparecidas para los y las defensoras públicas que vayan a patrocinar para garantizar la protección de sus derechos y evitar la revictimización”, explicó Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de Inredh.
Las investigaciones con enfoque de derechos y género
La capacitación para el personal de las distintas instituciones públicas que conoce los casos de personas desaparecidas ha sido una de las principales exigencias de la Asociación. Sin embargo, la capacitación con enfoque de derechos y género aún es escasa. Por ello, los familiares solicitaron que se capacite al personal en materia de género y de derechos humanos.
Además, en la reunión hablaron sobre dos líneas importantes: la primera, sobre capacitación en el tema de movilidad humana y la segunda sobre la línea de atención a víctimas, que tienen la misma finalidad de brindar apoyo a la ciudadanía frente a los casos de vulnerabilidad de derechos humanos.
Contactos de prensa:
Comunicación Asfadec: 0992872742
Comunicación Inredh: 099 205 8099
Foto de portada: De izquierda a derecha. Ginna Pasquel, de la Defensoría Pública; Lidia Rueda, presidenta de Asfadec; María Eugenia Bassantes, madre de Alexander desaparecido en 1994; Ángel Torres Machuca, defensor Público; Isabel Cabrera, hija de Leonor desaparecida en 2011; Luis Sigcho, padre de Luis Daniel desaparecido en 2008; y Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de Inredh. En la foto se entrega las investigaciones que han realizado las dos organizaciones sobre la desaparición de personas en el país. Foto: Nathaly Farinango/Asfadec