El fiscal general, Galo Chiriboga, hizo ayer un “mea culpa” de la Fiscalía porque, reconoció, no ha dado una debida atención y respuestas adecuadas a los casos de desapariciones en el país, e incluso habló de sanciones drásticas a los “malos e indolentes funcionarios”, que, para comenzar, serán removidos de sus cargos.

El Foro Internacional sobre Desaparición Involuntaria, organizado por
la Defensoría del Pueblo, fue el escenario en el cual el Fiscal ofreció
disculpas públicas a todos los familiares de las personas desaparecidas,
porque en estos casos las víctimas no han estado debidamente
representadas.

“Con dolor, debo decir que en estos dos años que hemos trabajado
intensamente para que la Fiscalía cambie y tenga un rostro humano, no lo
hemos logrado en el caso de ustedes”, admitió el Fiscal, no sin antes
comprometerse a remover a ciertos fiscales que han estado a cargo de
estos casos, “por las respuestas inadecuadas y hasta indolentes que en
ciertos casos se han dado a los familiares de desaparecidos”.

Admitió también que estas familias no han tenido un acceso adecuado a
la justicia y, por ello, muchos se han quejado “y con razón” de que los
casos han pasado de manos entre cinco y seis fiscales.

 

El dolor

“No estamos hablando de que se perdió un reloj o robaron un carro,
estamos hablando de la desaparición de un ser humano y, por lo tanto, el
tratamiento que se debe dar a todo tipo de infracción y, en especial, a
estos tan graves, debe ser el adecuado”, refirió y anotó que estos
casos serán atendidos por la Dirección de Derechos Humanos de la
Fiscalía.

De su parte, el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, anunció que
uno de los objetivos del seminario fue buscar respuestas institucionales
al problema y una de ellas es la creación de una normativa legal que
tipifique el delito, sobre lo cual existe el compromiso del presidente,
Rafael Correa, para demandar de la Asamblea Nacional la aprobación,
según la versión oficial.

Dijo que esta normativa deberá incluir una disposición para que ninguno
de estos casos pueda ser archivado o cerrado por el transcurso del
tiempo, hasta su resolución.

Otro de los objetivos es propiciar una política pública de combate a
las desapariciones, para que se involucren todas las instituciones del
Estado y la comunidad.

Habló también de la posibilidad de crear un bono desde el Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES), para ayudar a los familiares de
desaparecidos, para que puedan enfrentar su problema. (LC)

 

‘Un terremoto en la sociedad’

María de Lourdes Mejía, vocera de los familiares de los desaparecidos,
demandó de los funcionarios públicos que conocen sus casos, que no se
olviden que son personas y seres humanos que necesitan de un trato
cálido, de calidad y humano cuando tengan que dar respuestas a sus
requerimientos.

En cambio, a los medios de comunicación pidió que reflejen el lado
humano que significa la desaparición de una persona, porque involucra
mucho más que una nota de crónica roja o una esporádica mención
estadística.

“Nuestros sentimientos de amor nos impulsan a decirles a todos que hay
un terremoto en la sociedad, que está minando las fuerzas de las
familias, que los familiares de personas desaparecidas y asesinadas
necesitamos que los ciudadanos se sacudan, se levanten y se activen”,
concluyó.
 

60
personas han desaparecido cada mes en el último año y medio.

8
horas de reunión mantuvieron el miércoles estos familiares con el presidente, Rafael Correa.

Contenido publicado originalmente en:

La Hora

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