La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) con el apoyo de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentaron el libro «Una luz en el olvido: la situación de personas desaparecidas en Ecuador y el derecho a verdad, justicia y memoria», de Daniel Véjar Sánchez y Gabriela Flores.
Prólogo
Santiago, Gustavo, Andrés, David, Luis, Álvaro, Francisco, Edwin, Juliana, Carolina, Telmo, Giovanna, Adrián…. sus padres fueron los primeros en mirarlos a los ojos cuando nacieron. Habían construido tantos sueños posibles en sus mentes, verlos viajeros, estudiosos, artistas, disfrutarlos con nietos, envejecer a su lado, seguir el transcurso natural de cualquier ser humano y fallecer antes de ellos. Pero un Estado disfuncional -y no el “destino”- cambió la vida para siempre, y plantó la ausencia eterna en cada uno de los padres de las personas desaparecidas. Huérfanos de hijos, el absurdo total.
La desaparición es el crimen total. Sin rastros, sin respuestas, un funeral eterno sin féretro. En Ecuador se han definido dos tipos de desaparición: La desaparición forzada (causada por agentes del Estado, en instituciones del Estado en complicidad u omisión de acciones del Estado) y la desaparición involuntaria, debido a múltiples causas hasta ahora no del todo definidas: delincuencia común, trata de personas, violencia sexual, entre otros agentes particulares. Pero en estas el Estado también es responsable, por no salvaguardar en primera instancia la seguridad de la ciudadanía, y luego por no establecer debidos protocolos de investigación, búsqueda y justicia para las víctimas y sus familiares.
Este informe realizado por INREDH, con la colaboración de ASFADEC y del Centro de Derechos Humanos de la PUCE, es un poderoso documento que revela datos desconcertantes sobre la problemática de las desapariciones en Ecuador. Por ejemplo, que a esta altura no concuerden las estadísticas oficiales del número de personas desaparecidas, con las de los familiares y que no exista una comunicación interinstitucional efectiva, es lamentable.
Datos que duelen el alma, como saber que el 67% de las víctimas de desaparición involuntaria son mujeres; es decir, aproximadamente unas 24,992 mujeres de quienes se desconoció su paradero durante los últimos años. Cifras dolorosas que quedan en eso, en simples números, como si se tratara de la contabilidad de un banco. Noticias que pasan sin mayor análisis y con poca o nula reacción por parte de sus ciudadanos y sus gobiernos.
Ante esta abominable realidad se descubre un Estado impávido, paralizado, sin respuestas, sin preparación, sin acción. Son “casos aislados”, es la palabra más manida en cada gobierno de turno, para justificar así la desidia, la indiferencia, la falta de especialización de investigadores, fiscales, jueces, entre otros. Creen que es más fácil hacerse de oídos sordos y dejar todo en el olvido. Sin embargo, no contaban con cientos de padres y madres de familia que se cansaron del silencio, que entendieron que el olvido y la resignación no es y nunca será el camino para lograr paz en sus tragedias.
Con esto se han topado año tras año los gobiernos, con esos padres y madres convertidos en ruido incesante, en lágrimas de rabia y descontento, en pequeñas piedras en los zapatos cómodos de aquellos que fueron designados para salvaguardar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
No existen casos aislados y cada caso nos duele y nos llama a protestar. Una persona desparecida es un universo entero, con sueños, con frustraciones, con metas, con proyectos, con vida, vida que en la mayoría de casos fue arrancada infamemente de sus familiares que siguen sosteniendo sus fotos en lo alto.
La desaparición forzada fue tipificada como delito a partir de la lucha sin tregua de mis padres y otros familiares de víctimas de la represión de aquella época. Sin embargo, la desaparición “involuntaria”, causada por agentes particulares, no deja de ser forzada, y debería también estar tipificada como delito. Dejar la investigación de estas desapariciones como un mero “acto administrativo”, con lo cual no se pueden regular ni plazos ni recursos claros asignados para una adecuada labor, es no ponerse en los zapatos de la gente. La respuesta de una institución como la Fiscalía a los padres y madres de estas víctimas no puede seguir siendo “no tenemos herramientas para investigar, porque la desaparición no es delito”. No puede el Estado seguir lavándose las manos, dejando en total indefensión a las víctimas y sus familias que también se convierten en víctimas de la tragedia de la eterna espera. Este informe se convierte en manual obligatorio para fiscales, jueces, agentes estatales y el gobierno en general, para lograr pasos certeros de la mano de los familiares, en la lucha contra la desaparición impune.
Una persona desaparecida es el resultado de que el sistema y el Estado están fallando en la protección de su población. Los valientes familiares que continúan el camino del reclamo seguirán siendo la sombra de cualquier gobernante que no tome en serio esta lucha y no intente por todos los medios dar respuestas efectivas y reparar a sus víctimas.
¿Por qué seguir buscándolos? Porque existieron. Porque son nuestro ADN, porque nos duelen aún las entrañas al no tenerlos, ni saber dónde están, porque cualquier ser humano merece que lo encuentren y tener un entierro
digno.
Nos faltan. Seguiremos exigiendo, esperando, hasta que la vida ya no sea vida, hasta que otros tomen la posta de esta lucha por la verdad y la justicia.
María Fernanda Restrepo
Quito, noviembre de 2018
 |